22 noviembre 2012

“El eje del documental es el conflicto de la tierra”

Entrevista a Martín Céspedes, integrante de Revista Crisis y realizador del documental Toda esa sangre en el monte

  El sábado 10 de Noviembre, en el marco del Encuentro de Pensamiento y Elaboración Política realizado en la Universidad Campesina de Ojo de Agua (Santiago del Estero), se estrenó el documental Toda esa sangre en el monte, versión audiovisual de la nota homónima escrita por Rodolfo González Arzac.

  En diálogo con Comunidad al Palo!, Martín Céspedes, realizador del documental, afirmó que los campesinos de Santiago del Estero “viven ahí y hacen uso de la tierra, pero no tienen los títulos porque cuestan mucho dinero y porque para eso tienen que dividirse las tierras, y ellos tienen las tierras en comunidad”.

  El problema de tener que dividirse la tierra está dado por la imposibilidad de poseerla en forma comunitaria. Se trata de uno de los principales ejes que aborda la llamada Ley Cristian Ferreyra, proyecto impulsado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y que tuvo su primera audiencia en el Congreso Nacional el pasado 16 de Octubre.

  Respecto a este proyecto, Céspedes afirmó que “se necesita más que la ley, y es grave lo que está pasando porque están bastante abandonados y no tienen nadie que responda por ellos”. En la misma línea, explicó que “si cada vez que un campesino va a denunciar que lo amenazan con secuestrar a sus hijos, los policías lo cagan a palos, lo meten en cana o le inventan una causa falsa, por más que esté la ley eso no va a cambiar”.

  Según el entrevistado, la idea de realizar el documental fue algo que surgió en el momento “ante la necesidad de que se vislumbren las muertes, las torturas, las amenazas, incluso en pedido de los campesinos y del MOCASE”.

  Las posibilidades que tienen los campesinos de visibilizar sus problemáticas son casi nulas, ya que, según Céspedes, “por el momento están más enfocados a lo que es el conflicto directo”. Además, agregó que en las comunidades adonde fueron a filmar, entre las que estaban las familias de Miguel Galván y Cristian Ferreyra, “nos contaban que era la primera vez que caía un periodista con una cámara”.



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11 noviembre 2012

“Lo grave de todo esto es que fue sin ninguna orden judicial”


Entrevista a Damián Lambusta, militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), organización social que acompañó a las familias que sufrieron la represión y el desalojo del predio ubicado en Barrio Malvinas

   Luego de dos semanas desde su alojamiento en un predio abandonado, y habiendo sufrido amenazas y represión policial ilegal, las cerca de cien familias del Barrio Malvinas decidieron retirarse de los terrenos por temor a nuevos hechos de violencia. “Las dos primeras noches de la toma la Policía realizó una represión feroz sobre las familias que estaban ocupando los terrenos”, explicó a Comunidad al Palo! el integrante del FDPS, quien informó que algunas familias “se reubicaron en las casas donde estaban con sus familiares o en comedores de la zona”.

   La ocupación de los terrenos había sido el sábado 25 de agosto y desde ese entonces se inició el accionar policial sin que mediara una orden judicial, que recién fue dictada once días más tarde por el juez de Garantías Nº 6, Fernando Mateos. A dos días de aquélla, el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, dictó una nueva orden que obligaba al Ministerio de Seguridad a suspender los desalojos hasta que no haya una solución efectiva para que los niños involucrados tengan dónde alojarse. Con respecto al tema judicial, la que primó fue la orden del desalojo, la del juez Arias no se hizo efectiva”, indicó Lambusta.

  Uno de los argumentos policiales para la represión de las familias consistía en que los vecinos estaban en flagrante, es decir, que estaban cometiendo el delito de usurpación. Sobre este punto, el militante indicó que “
ni siquiera se puede hablar de usurpación porque no hubo ejercicio de la violencia por parte de los vecinos”, a lo que agregó que se trató de la toma de un predio “que estaba abandonado hacía veinte años, en un descuido total, no había alambrados, los vecinos entraron de día… o sea que no había un delito”.

  En temas de vivienda y tomas, si uno analiza las columnas del diario El Día, sistemáticamente citan a vecinos que por temor a represalias no quieren dar su nombre”. Lambusta se refiere a ciertas noticias que publicó ese medio durante los días de la toma, según las cuales otros vecinos de la zona estaban siendo víctimas de robos, amenazas, intentos de violación, etc. “El diario El Día tiene sus intereses puestos en eso, hizo tapa un par de días con el tema de la toma como si fuera el gran tema. Hoy por ejemplo en la ciudad de La Plata hay como cuatro o cinco tomas más, y sin embargo no estaban tanto en el tapete”.


   

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