18 septiembre 2013

Una deuda de Provincia pone en riesgo a la Obra del Padre Cajade

   Entrevista con Daniel Cajade, presidente de la Obra del Padre Carlos Cajade 

   Integrantes de la Obra del Padre Cajade reclaman que el Gobierno provincial mantiene con la institución una deuda mayor a $ 700.000 en concepto de becas para los chicos que viven en el Hogar y concurren a los centros de día. La situación afecta a casi 300 chicos de la región.

   “Tenemos más de 40 pibes en el Hogar y Provincia dice que sólo van a pagar las becas a aquellos que cuenten con una medida de abrigo de un juez”, dijo Daniel Cajade, presidente de la Obra y sobrino del Padre Carlos Cajade, su fundador. La medida de abrigo –contemplada en el artículo 35 bis de la ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños– es la autorización judicial que permite que una organización de niñez pueda contener a los chicos que asisten a hogares y centros de día.

   Cajade fue recibido el martes 13 de agosto por el Subsecretario de Niñez, Sebastián Gastelu, pero no se llegó a un acuerdo ya que la Provincia mantiene su posición de no reconocer las becas de los chicos que no cuentan con resolución de guarda judicial. Hasta el momento, según explicó el presidente, la Obra pudo financiarse con su plan de socios, el subsidio puntual de algún legislador o la donación de artistas o deportistas.

   Respecto de la ley 13.298, Cajade celebró el cambio de paradigma que instala al señalar que “cambia la represión de los chicos por la contención” y que “abarca tanto al Estado como a trabajadores como nosotros”, aunque afirmó que está “totalmente desfinanciada” y criticó que las autoridades provinciales competentes “están utilizando los tecnicismos para pagar menos becas que las de los chicos que tenemos”.

   La Obra del Padre Cajade trabaja en dos proyectos sociales: el Hogar Convivencial, que funciona en 643 entre 12 y 13 y que “es la alternativa que le buscó mi tío a los pabellones y cárceles para chicos. Él decía que los pibes tenían que crecer con amor, cariño y contención y no con represión”;  por otra parte están las casas de día, “donde los chicos van a desayunar, almorzar y merendar, tienen apoyo escolar, talleres y hasta consultorio odontológico”.

   Por último, Cajade advirtió que obras pequeñas que realizan proyectos sociales similares se encuentran en idéntica situación e “incluso muchas han tenido que cerrar”. “Estamos presentando amparos en conjunto en el juzgado Contencioso Administrativo para sacar adelante el verdadero funcionamiento de la ley”, concluyó.



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“Nuestro sistema penitenciario es totalmente retrógrado”

   Entrevista con Brunella De Luca, integrante del colectivo de educación popular en cárceles Atrapamuros

   El colectivo de educación popular en cárceles Atrapamuros realizó el taller “Estirando la gomera”, actividad previa al 5° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, con el objetivo de discutir las distintas concepciones que circulan sobre la institución penitenciaria. El evento se llevó a cabo el 21 de agosto en la sede del bosque de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

   “La cárcel no puede ser concebida como un depósito porque ahí transcurre la vida de muchas personas”, dijo a Comunidad al Palo! Brunella De Luca, integrante de Atrapamuros, al tiempo que remarcó que el colectivo piensa a la cárcel “de una manera dinámica” ya que “no se puede aislar de la sociedad al sujeto que la puebla sin pensar de dónde viene y adónde irá después”.

   Atrapamuros está formado por un grupo de jóvenes que dictan talleres de educación popular y de apoyo universitario en las unidades penitenciarias de La Plata. De Luca explicó que la educación popular “no es una metodología sino una perspectiva política”. “No pensamos que educar sea sólo leer un libro; la actividad intelectual tiene que estar en diálogo con la práctica. Las personas todo el tiempo transforman el mundo y a sí mismas y no podemos dejar de lado esas experiencias”, expresó.

   También se refirió a las características del sistema carcelario actual, al que calificó como “retrógrado”, y aseveró que las políticas penitenciarias son “precarias” porque están basadas en una “concepción punitiva” y “sólo generan más marginalidad”. “La cárcel está para castigar –afirmó–. No se piensa en devolver a las personas todo lo que les fue sacado durante su paso por la sociedad”. A su vez, subrayó que “quienes pueblan las cárceles son los sectores más pobres, que nunca tuvieron acceso a los derechos básicos”.

   El 5° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, cuyo objetivo central fue debatir acerca de un proyecto alternativo de educación, se llevó a cabo desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de agosto en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y en el edificio del Rectorado de la UNLP. Entre otras actividades, hubo paneles de discusión, presentación de libros, muestras fotográficas, proyecciones audiovisuales y eventos culturales.



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“No pueden responder nuestros reclamos con violencia y patotas”

Entrevista con María Escuti, integrante de la Asamblea Vecinal Parque Castelli

   Lucas Iberlucía, integrante de la Asamblea Vecina Parque Castelli y candidato a consejero escolar suplente por el frente de izquierda Podemos en las últimas elecciones primarias, fue agredido por dos personas vinculadas al bruerismo a metros de la escuela 42, ubicada en diagonal 74 y 22. El hecho sucedió el 11 de agosto, día en que se realizaron las PASO, en las que el joven se desempeñó como fiscal de mesa.

   “No es el primer episodio que sufrimos. A uno de los vecinos le incendiaron la camioneta inundada y nos han tapado murales en reiteradas oportunidades”, dijo María Escuti, integrante de la Asamblea, aunque agregó que la agresión a Iberlucía “significa un quiebre” porque hasta el momento “nunca se había ejercido violencia física”.

   Escuti afirmó que los ataques del “aparato clientelar” responden a un “modus operandi” que tiene el Municipio y mencionó a quien sería uno de los punteros del bruerismo en el barrio, quien “se opuso a la organización de las asambleas vecinales desde el primer momento”. A su vez, denunció el accionar de una “verdadera fuerza de choque” que incluye “patrullas de Control Urbano y autos sin patente” y que el diputado Gabriel Bruera –hermano del Intendente– define como su “fuerza de apoyo”.

   En declaraciones al diario Diagonales, Iberlucía, que también es docente y militante del MST –Movimiento Socialista de los Trabajadores–, contó que los agresores lo amenazaron para que "deje de joder con las asambleas" y aseguró haberlos visto como fiscales en la mesa del bruerismo en la propia escuela 42. El dirigente radicó la denuncia en la Comisaría Quinta, ubicada en diagonal 74 entre 23 y 24. Sobre este punto, Escuti expresó su preocupación al referirse a "una especie de zona liberada" y a una presunta "complicidad".

   El reclamo de las asambleas vecinales gira en torno a tres ejes: justicia para las víctimas –mediante el esclarecimiento del número de muertos–, obras hidráulicas y subsidios para los afectados. A más de cuatro meses del temporal del 2 de abril los pedidos continúan sin respuestas concretas de parte del oficialismo. "En los lugares donde han ocurrido inundaciones como ésta hubo algún tipo de resarcimiento para los damnificados; acá, muchos vecinos no han recibido ni siquiera un colchón", expresó Escuti, al tiempo que enfatizó que "a nuestros reclamos no se puede responder con violencia y patotas".



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