Entrevista a Martín Calabrese, integrante de la
editorial Morosophos y del grupo de escritura Enjambre de Jengibres
El sábado 30 de noviembre, a partir de las
16 horas, se realizará en el centro cultural En Eso Estamos –ubicado en 8 entre 41 y 42– un encuentro de
editoriales independientes en el que se inaugurará la biblioteca popular Tomasa Mouras. La iniciativa surgió del
grupo de escritura y poesía Enjambre de
Jengibres, cuyos integrantes se reúnen todos los miércoles EEE para leer y compartir sus
producciones literarias.
“Pensamos que podíamos organizar un
encuentro de editoriales para participar junto con los demás colectivos del
espacio, porque esta es nuestra casa”, dijo en Comunidad al Palo! Martín Calabrese, miembro de Enjambre de Jengibres y de Morosophos, una de las editoriales que
lo integra. “El evento está abierto; cualquier editorial puede acercase con sus
libros y, con sólo manifestar el deseo de participar, se arma el puesto
enseguida”, señaló.
Respecto
de la inauguración de la biblioteca, Calabrese expresó que es “un buen momento
porque venía funcionando irregularmente” y explicó por qué eligieron llamarla Tomasa Mouras. “No queríamos poner el
nombre de un autor reconocido porque el laburo que hacemos como editorial y
como escritores está bastante alejado de lo canónico –contó–. Por eso interesó
la idea de buscar una escritora del margen y prácticamente desconocida”.
De la
jornada participarán las editoriales Vuelta
a casa, Morosophos, Como pez en el árbol, Club Hem y Lectores salvajes.
Se
presenta Norte Profundo
Calabrese
invitó además a participar de la presentación de Norte Profundo, un libro de crónicas de pueblos del norte del país
editado por Pixel y realizado por
Josefina Garzillo –integrante de EEE–,
que tendrá lugar el domingo 1 de diciembre a las 17 horas en la esquina de 3 y
74. “Somos un montón de editoriales que laburamos de la misma manera y la idea
es apoyarnos; al ser tan diverso el material es absurdo pensar en una
competencia. Si somos 100 editoriales, mejor”, finalizó.
Entrevista a Gabriel Colautti, integrante de la ONG Familiares de
Víctimas de la Inundación
El pasado martes 19 de noviembre,
en que se celebró el 131° aniversario de la ciudad, vecinos y familiares de
víctimas de la inundación volvieron a sufrir agresiones por parte de personas
cercanas al bruerismo. Durante la celebración del Tedeum en la catedral
platense dos vecinas fueron golpeadas en presencia de fuerzas de seguridad, del
arzobispo Héctor Aguer y del propio intendente Pablo Bruera. Familiares y
asambleístas habían asistido a la celebración vestidos de luto, con velas y
fotografías de las víctimas, para escuchar la homilía en el contexto de la
cancelación de los festejos.
A pocas semanas de una
intimidación sufrida durante la manifestación que realizaron frente a la
fiscalía de 54 entre 6 y 7, vecinos de la ciudad volvieron a ser objeto de
agresiones por parte de personas identificadas como brueristas. A una integrante
del grupo que se manifestó en forma pacífica le fue arrebatada la foto de su hermano
fallecido, y posteriormente tanto ella como la sobrina de la víctima fueron
golpeadas. “En una iglesia, en la catedral, en un Tedeum, pegarle a dos mujeres,
creo que no debe tener precedencia”, dijo a Comunidad
al Palo! Gabriel Colautti, integrante de la ONG Familiares de Víctimas de la Inundación.
“Fuimos a hacer un acto de
presencia, fuimos vestidos todos de negro, sin provocaciones, sin nada, a
escuchar una misa y a escuchar la homilía de monseñor Aguer, a ver qué era lo
que decía sobre el tema inundaciones, que era el tema que no se podía obviar”,
explicó Colautti. Mediante un comunicado emitido ese mismo día los familiares y
asambleístas también denunciaron que otros vecinos fueron agredidos y golpeados
fuera de la iglesia, en los minutos previos al ingreso del intendente para
presenciar la celebración.
Por esa agresión y por la sufrida mientras
finalizaba la ceremonia del Tedeum fue radicada una denuncia en la Unidad
Funcional de Instrucción N°2 a cargo del Dr. Tomás Morán, quien se encontraba
de turno. El pasado 29 de octubre los vecinos y familiares de víctimas habían
denunciado ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N° 5 la
intimidación que sufrieron mientras se manifestaban exigiendo avances en la
investigación penal de la tragedia de abril que lleva adelante el fiscal Jorge
Paolini.
Citación de Paolini a familiares de
víctimas
En el marco de la causa por las responsabilidades
penales de la inundación, algunos familiares de víctimas fueron citados a
declarar por Jorge Paolini, en un intento del fiscal por neutralizar las
presiones de los vecinos ante el estancamiento de su investigación. Este gesto
fue recibido con suspicacia por los damnificados, quienes sostienen que el
fiscal sigue intentando confundir su tarea con la de Luis Federico Arias, juez
en lo Contencioso Administrativo N° 1 que investiga errores e irregularidades
en los registros de defunciones por la inundación.
Respecto a la citación, desde la
ONG decidieron no presentarse a declarar por considerar que es otro el rumbo
que debe seguir la investigación de Paolini y porque la convocatoria no cumplió
con las formalidades procesales. “Lo único que tuvimos fue un llamado
telefónico”, aseguró Colautti, y agregó que lo procesalmente correcto hubiera sido que
el fiscal realizara las citaciones “mediante una cédula”.
En el mismo sentido, Colautti cuestionó
los registros de víctimas fatales durante la tragedia, ya que no hubo
defunciones por inundación sino que las mismas fueron consignadas como muertes
por inmersión o muertes por paro respiratorio no traumático. “Hoy no tenemos
muertos oficiales por la inundación. Hasta que el Dr. Arias no
dicte sentencia no hay muertos por la inundación, más allá de que el poder
ejecutivo reconozca un número”, expresó.
Entrevista a Rosaura Barletta, parte del grupo de
familiares y amigos de Luciano Arruga que acampan en el ex destacamento
policial de Lomas del Mirador.
El Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició el martes 19 de noviembre los
peritajes en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue visto
por última vez Luciano Arruga en 2009. El comienzo de esta investigación era
uno de los reclamos del grupo de familiares y amigos del adolescente
desaparecido, que llevan más de un mes de acampe en la parte delantera del
edificio en el marco de la Campaña por el
derecho a saber.
“Es
un avance muy grande en relación con el derecho a la verdad”, dijo en Comunidad al Palo! Rosaura Barletta, que
forma parte del grupo que realiza la vigilia. En ese sentido, consideró que el
inicio de los peritajes tras 35 días de acampe, dos años de reclamos y habiendo
transitado todos los pasos institucionales posibles es “esperanzador” porque
demuestra que “tenemos el poder de cambiar las cosas”; aunque también es
“triste” porque hay familias que respetan las instancias institucionales y “no
obtienen ninguna respuesta”.
Familiares y amigos de Luciano Arruga en el
acampe en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Fuente: La Garganta Poderosa.
El equipo forense comenzó la investigación por orden
de Juan Pablo Salas, juez federal n° 1 de Morón, que está a cargo de la causa.
Primero removerán los escombros y limpiarán el lugar; luego, procederán a
identificar huellas e incluso posibles restos óseos. “El peritaje viene a dar
una certeza total –afirmó Barletta– porque se trata de una excavación. Se va a
terminar de saber si Luciano está ahí, qué sucedió con él y si hay muestras de
ADN que cotejar”.
La
importancia del peritaje forense radica en que va a “terminar con las dudas”
que existen en relación al ex destacamento como sitio de prueba. “Todos tienen
derecho a saber qué pasó con Luciano; no es un patrimonio nuestro”, sostuvo
Barletta. Asimismo, remarcó que “tenemos
la misma incertidumbre que cualquiera” y que por eso “estamos tratando de
manejar la información con prudencia”. “No queremos que nuestro mensaje
político termine en conjeturas personales”, expresó.
Peritajes anteriores
El
peritaje forense no es el primero que se lleva a cabo en el ex destacamento de
calle Indart. El primero de ellos se realizó con perros adiestrados y arrojó indicios
positivos en la comisaría, en un patrullero y en Monte Dorrego, un descampado cercano. Este tipo de rastreos tiene
una exactitud del 80 por ciento.
El segundo
se hizo con luminol, un líquido que reconoce sangre que no puede apreciarse a
simple vista. Se efectuó en 2011, dos años después de la desaparición de Arruga.
“Las paredes del destacamento estaban llenas de sangre, pero por el tiempo
transcurrido no se podía comprobar si era de Luciano”, expresó Barletta.
Por
último, la tecnología del geo-radar también dio resultados positivos:
identificó movimientos de tierra en ex la dependencia policial.
El “espacio para la
memoria”
La otra
exigencia que llevó a los familiares y amigos de Arruga a realizar la vigilia
es que el lugar donde funcionó hasta 2011 la comisaría donde detuvieron al
joven se convierta en un “espacio para la memoria” una vez finalizados los
peritajes forenses. “Para esto necesitamos que el poder político nos firme un
comodato, que es la figura legal por la cual podríamos acceder a la casa antes
de que se efectúe la expropiación”, explicó Barletta.
El
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, visitó el lugar
del acampe y se comprometió a cumplir con este segundo reclamo. Según contó
Barletta, la Secretaría emitió un comunicado oficial en el que afirma que las
organizaciones podrán disponer del ex destacamento una vez finalizados los
rastreos.
Barletta fue muy crítica respecto del
desempeño de los funcionarios públicos en la causa Arruga. “En un principio
estuvimos dispuestos a negociar determinadas cuestiones y a compartir
actividades con el Estado –señaló–, pero después entendimos que no está preparado para trabajar con
familiares de víctimas de violencia institucional”.
Por tal
motivo, señaló que quieren “trabajar con independencia del Estado”. “Es
lamentable, pero no nos vamos a arriesgar a trabajar con personas que nos han
faltado el respeto”, finalizó.
La causa
Luciano
Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, tras ser secuestrado en Lomas del
Mirador –partido de La Matanza– por efectivos policiales que, según afirman sus
familiares y amigos, lo habían obligado a robar.
Recién a
principios de este año la causa evidenció algún movimiento. En febrero cambió
de carátula: de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”;
además, por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, ocho
efectivos de la Policía Bonaerense fueron separados de la fuerza por estar
sospechados de haber detenido ilegalmente y torturado a Arruga.
Entrevista a Carlos Martínez, delegado del
sindicato Asociación Obrera Textil y
trabajador de la fábrica SNIAFA (Sociedad Nuevas Industrias
Argentinas Fibras Artificiales)
En el 2010, 180 trabajadores de la fábrica textil SNIAFA (Sociedad
Nuevas Industrias Argentinas Fibras Artificiales), ubicada en la localidad
de Hernández, sufrieron el cierre de la misma, sin posibilidades de reactivarla
por culpa de la mala imagen de la empresa y por falta de fondos. Hasta
entonces, el predio se encuentra en situación de remate, y los ex trabajadores
realizaron una Olla Popular, para visibilizar la problemática, recibir a los
interesados en la compra de la propiedad y esperar una solución.
“Tenemos toda la expectativa en el remate de la fábrica el
próximo 27, vinieron un par de referentes de empresas textiles interesados en
el predio”, explicó Carlos Martínez, en su diálogo con Comunidad al
Palo!, remarcando que eso no implicaría que el comprador ponga en
funcionamiento la empresa. Sin embargo, los trabajadores, no pierden las
expectativas de que la misma sea reactivada, recuperando de ese modo, su fuente
de trabajo.
Además comentó sobre la situación en la que quedaron los
obreros y las dificultades que se les presentan a la hora de buscar empleo: “el
promedio de la gente que estaba en la fábrica era de 18 años de antigüedad, por
lo tanto cuando quedaron desempleados, tuvieron muchos problemas para
reincorporarse a otras fábricas, por lo general toman gente joven, así que
imagínense la situación”.
De este modo, aguardan el remate que se llevará a cabo el 27
de noviembre, como una posible salida a la problemática de la falta de trabajo.
“Hace más de tres años y medio que estamos padeciendo esta falta de trabajo”,
agregó Martínez.
“Chocamos frente a una pared”
El 13 de Mayo de 2010, resultó ser una fecha gris para
aquellos obreros que contaban con una fuente de trabajo. Desde entonces, los
mismos se organizaron para ocupar el predio, cuidarlo, y en el trayecto,
conformarse como cooperativa. Pese a las buenas intenciones, los ex empleados
de la fábrica, vieron frustrado el intento por la falta de dinero para comenzar
el emprendimiento, la desconfianza de los clientes a causa de la mala imagen
instaurada por los dueños, y las deudas que mantenían antes del cierre, entre
ellas, la de EDELAP, empresa que dio el primer paso al cortarles el
suministro de energía eléctrica por falta de pago.
“SNIAFA ya era mala palabra para el Ministerio
de Producción y para el Banco Provincia, principal acreedor. Tenían pagos sin
concretar, entonces era imposible obtener la confianza de los clientes o
préstamos, la imagen era pésima, y mientras tanto había trabajadores que tenían
ganas de poner la fábrica en marcha”, comentó el delegado.
Debido a esto, los obreros optaron por iniciar las acciones
legales correspondientes, esperando que se lleven a cabo. Por lo pronto, el
remate vendría a saldar una deuda, ya que parte de la plata se destinaría
a solventar los pagos correspondientes.
Entrevista a Gastón
Demesa, integrante del colectivo
EONA (Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia) y de la organización Che Pibe
Las
organizaciones que integran el colectivo EONA
(Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia) llegaron a un principio
de acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la
Provincia en lo referente al pago de las becas que deben percibir para llevar
adelante sus tareas. El acercamiento se produjo tras una medida de fuerza
impulsada por EONA, que consistió en
pasar la noche en esa dependencia –ubicada en 116 entre 70 y 71– para exigir
una reunión con Pablo Navarro, secretario de Niñez, y reclamar una serie de
puntos básicos fijados en un petitorio.
En diálogo
telefónico con Comunidad al Palo!
Gastón Demesa, integrante de EONA y
de la fundación Che Pibede Villa
Fiorito, explicó que el principal objetivo de las organizaciones era discutir
un pliego de reclamos con Navarro porque es quien “tiene poder de decisión en
la Secretaría y el responsable de que estuviéramos ahí”, pero “jamás dio la
cara”; finalmente lograron entrevistarse con Sebastián Gastelu, subsecretario
de Niñez; Demesa destacó también que fueron recibidos “con muy buena
predisposición” por Gladys Pestillo, directora provincial de Programas y
Promoción Comunitaria, pero que, más allá de ser una interlocutora válida, “no tenía
la decisión política para poder destrabar este conflicto”, algo que sí ocurría
con Gastelu.
El reclamo
giraba en torno a cuatro puntos básicos: la cancelación del pago de las deudas
de 2013, incluidos los desdoblamientos –programas de pago en varias cuotas–; un
cronograma de pagos firmado y con fechas concretas; la actualización del monto
de las becas en función de la inflación actual; y acuerdos claros con el
secretario Navarro.
Según
afirmó Demesa, obtuvieron un compromiso de pagos que cancelaría el 29 de
noviembre la deuda correspondiente al quinto bimestre de este año –el cuarto,
para esa fecha, debería estar saldado–; el pago del sexto se efectivizaría el
31 de enero de 2014, mientras que el primer bimestre del año que viene –enero y
febrero– sería percibido por las instituciones el 31 de marzo. Además, la
Secretaría se comprometió a actualizar los montos de las becas entre un 20 y un
25 por ciento, aunque esto está sujeto a la aprobación del Presupuesto que
actualmente se debate en la Legislatura Provincial.
Otra
novedad importante fue el haber pautado un encuentro con Navarro para el jueves
5 de diciembre, a las 11 de la mañana, en la Secretaría. “Estamos muy contentos
porque esto fue un logro del colectivo EONA;
fue muy celebrado por los compañeros que estábamos allí”, señaló Demesa.
La medida
de fuerza –que comenzó el pasado miércoles por la tarde y se prolongó hasta las
primeras horas de la tarde del jueves y consistió en pasar la noche en la
Secretaría– fue una expresión más de protesta en el marco de un contexto crítico
para la niñez en la provincia de Buenos Aires. Centenares de organizaciones que
contienen a niños, niñas y adolescentes de la provincia sufren desde hace
tiempo un ahogo financiero, a raíz del atraso e incumplimiento en el cronograma
de pago de las becas que el Gobierno Provincial está obligado a destinarles
según lo establece el Sistema de Promoción y Protección Integral de los
Derechos del Niño (ley 13.298).
“Una decisión política”
En el petitorio que entregaron ayer en la
Secretaría, las organizaciones aseguran que el incumplimiento de la legislación
se debe a "una decisión política de la gestióin del gobernador Daniel Scioli", que "se caracteriza por el abandono y desinterés de nuestros pibes y pibas, profundizando de esta manera una política represiva". En ese sentido,
Demesa sostuvo que “más allá de los plazos de pago, lo que realmente nos
interesaba era discutir las políticas públicas” porque “la Provincia condena y
criminaliza a la adolescencia”.
Además,
consideró que la posibilidad de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años es
“aberrante” porque el porcentaje de delitos cometidos por chicos comprendidos
en esa franja etaria es “insignificante al lado de los delitos de los adultos”.
“Lo único que hace la Provincia es priorizar recursos para la mano dura”,
manifestó Demesa, y agregó que es una “vergüenza” que “no deposite fondos para
la niñez y sí lo haga para estas cuestiones”.
La lucha
de las organizaciones contra la política de “mano dura” del Ejecutivo
Provincial es acompañada por personalidades destacadas como el Premio Nobel de
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel –que, según contó Demesa, quiso interceder para
que Navarro recibiera a los referentes de EONA–,
y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Aun así, insistió
en que los funcionarios provinciales “hacen caso omiso” y en que no se han
sentado a “discutir políticas claras” por “falta de voluntad política”.
Che Pibe
La fundación Che
Pibe es una de las cientos de instituciones afectadas por la política de
abandono del Ejecutivo Provincial. Recibe diariamente alrededor de 500 chicos y
cuenta con varios proyectos: entre otros, un jardín maternal y comunitario
llamado “Casa de los niños”, donde concurren chicos de entre 6 y 12 años, y una
escuelita de fútbol. Funciona en los tres turnos: mañana, tarde y noche.
Demesa
expresó que la institución “no depende íntegramente de los recursos de
Provincia” y que por tal motivo “no hemos sufrido tanto como otras
instituciones que tuvieron que cerrar, con la gravedad que eso conlleva porque
la población de niñez y adolescencia queda a la deriva”. De todas formas,
indicó que por el incumplimiento de pagos de la Provincia “venimos bastante ahogados”.
“Para
nosotros es muy importante la difusión –finalizó Demesa– porque nos han puesto
contra las cuerdas. La situación de la niñez en la Provincia es muy grave y
delicada”.
Entrevista con Florencia Vera, coordinadora del programa Hospital
de Día Artificio de la ONG Amparo
El próximo sábado a las 16hs en el
Hospital de Día Artificio (50 e/ 2 y
3) se realizará el 3° Festival Artístico Solidario, con los objetivos de
visibilizar el trabajo en materia de salud mental de esa institución y recaudar
fondos para mejorar el funcionamiento de sus talleres. Organizado por la ONG Amparo, el evento tendrá exposiciones
de artistas, bandas en vivo, buffet y un taller abierto de plástica, entre
otras actividades.
Gracias a un festival que
organizaron en junio de este año, sus integrantes lograron juntar el dinero
para pintar el hospital. En esta oportunidad, convocan a la comunidad a
participar de una tarde llena de actividades con la idea de recaudar dinero “para
comprar materiales para los talleres y que funcionen mejor”, según explicó la
coordinadora del hospital de día, Florencia Vera, en diálogo con Comunidad al Palo!.
El Hospital de Día Artificio es un programa de la ONG Amparo que trabaja con chicos que presentan problemáticas
graves en relación a la salud mental, mediante la intersección entre el arte y
el psicoanálisis. Utilizando el concepto teórico de artificio como un ‘saber
hacer’ del paciente para su pronta inserción social, ofrecen talleres de cerámica,
cine, plástica, teatro, producción de cocina y expresión corporal para niños y
jóvenes que viven con sus familias o que se encuentran en diversos hogares de
la zona.
Crecer en conjunto
La atención de los niños es
abordada desde una perspectiva de salud mental integral, y es realizada por un
equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y
artistas, quienes coordinan los diferentes talleres. Además, cuentan con un
sistema de pasantías y concurrencias para estudiantes y egresados de las
facultades de Bellas Artes y Psicología.
En tal sentido, Artificio ofrece una oportunidad para la
formación de estudiantes y un espacio para psicólogos recientemente recibidos,
quienes pueden realizar sus prácticas en el hospital. “Todos los años abrimos
un sistema de pasantías y concurrencias al que vienen estudiantes de diferentes
carreras”, indicó Florencia Vera. Ambas alternativas culminan a fin de año, por
lo que renuevan la convocatoria en cada inicio de ciclo. “Nos interesa que otra
gente venga a participar de la institución”, expresó la coordinadora del
hospital de día.
La misma niñez, la misma
provincia
Para la financiación de su
programa, la ONG firmó un convenio con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a
lo que se suman otros ingresos que llegan desde obras sociales. Con ese dinero se
pagan los gastos diarios y los sueldos “casi simbólicos” de todo el personal, que
suelen abonarse con una demora de varios meses. Cualquier gasto extra debe ser
financiado con dinero generado por sus propios integrantes, motivo por el cual
iniciaron el ciclo de festivales artístico-solidarios que ya va por su tercera
edición.
“Muchas veces los chicos que
están en hogares no vienen al tratamiento porque no tienen dinero para la nafta
para traerlos en los vehículos”, había advertido a Comunidad al Palo! Micaela Dova, psicóloga e integrante del equipo
del hospital de día. En la misma oportunidad, la coordinadora de Artificio manifestó: “La Provincia no
tiene dinero para abastecer a esos hogares, que no pueden traer a los chicos, y
a su vez a nosotros nos descuentan dinero si los chicos no vienen”.
Entrevista a Carola Bianco, coordinadora del
Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de
Derecho (UNLP)
La Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNLP,
a través de su Programa de Niñez,
Derechos Humanos y Políticas Públicas, dio a conocer recientemente un
informe titulado “Los niños primero…
cuando el agua sube más de un metro y medio”, que demuestra que el incumplimiento
del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley
13.298) por parte de la Provincia y el Municipio “profundizó los efectos de la
inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”.
“Cuando hay niños implicados, las
dificultades de acceso a derechos elementales como salud, educación, vivienda y
trabajo genera daños irreparables”, explicó en Comunidad al Palo! Carola Bianco, una de las realizadoras del
informe, al tiempo que agregó que existe una “clara discriminación” en materia
de políticas públicas en relación con los sectores más vulnerables: “Hay una
gran cantidad de pibes en los barrios que no acceden a esos derechos y los que
están en situación de calle, mucho menos”.
Bianco comentó que el informe no cumple
sólo una función de denuncia sino que también tiene un carácter informativo
porque “el cambio tiene que venir de la exigencia”. “La mayoría de las personas
no conoce bien en qué situación están muchos pibes ni qué cosas tendrían que
hacerse; en la medida en que sepamos a quiénes recurrir, al Estado se le va a
hacer más difícil no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.
La abogada también remarcó que “siendo
parte de la Universidad somos parte del Estado, y tenemos una responsabilidad
clara con los chicos”; por eso “teníamos que construir algo que nos permitiera
denunciar de manera seria lo que veníamos viendo”.
Los organismos provinciales
El Programa
de Niñez fue muy crítico en sus conclusiones respecto del desempeño de los
organismos provinciales creados para efectivizar políticas públicas en materia
de acceso a derechos elementales en los barrios, como el caso de los Servicios
Locales. La ley 13.298 establece en sus artículos 18 y 19 que son “órganos
desconcentrados” que deben “ejecutar los programas, planes, servicios y toda
otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los
derechos del niño”.
El informe sostiene que “en los últimos 5
años se han creado ocho Servicios Locales” pero que “no cuentan con la
infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar
correctamente”. “Las organizaciones barriales tuvieron que ocupar lugares que
le correspondían al Estado; si los Servicios Locales hubiera estado presentes
hubiera habido una rápida organización para evitar tantos pibes fueran
afectados. Figuran en los expedientes, pero en esta inundación ni aparecieron”,
afirmó Bianco. Asimismo, explicó “los chicos son los primeros que sufren en las
catástrofes”, por lo que estas unidades “tienen que montar una estrategia
barrial con la salita, la escuela y la familia”.
La semana siguiente al temporal, los
integrantes del Programa de Niñez
solicitaron a los Servicios Locales informes sobre el trabajo que realizan en
los barrios, pero “hasta ahora no nos ha llegado ninguna información”.
Otro “organismo clave” es la Comisión
Interministerial, prevista en el artículo 23 del SPPDN, ya que “tiene que
impulsar una política articulada entre distintos Ministerios” para, según lo
indica la normativa, “asegurar el goce pleno de los derechos del niño”. Debe
estar integrada por los Ministerios de Desarrollo Humano, Gobierno, Justicia,
Seguridad, Producción, Salud, Trabajo y Educación y por las Secretarías de
Derechos Humanos, Deporte y Turismo. Bianco consideró que los derechos humanos
son “interdependientes” porque “si violás uno, violás el resto” y denunció que
este organismo “sólo existe formalmente”.
La judicialización de la problemática
El 22 de mayo de 2012, el juez en lo
Contencioso Administrativo N° 1, Luis Federico Arias, dictó sentencia
“condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a
que, dentro del plazo de 6 (seis) meses, procedan a realizar todas las acciones
necesarias para la implementación efectiva” del SPPDN, algo que finalmente no
ocurrió. Los realizadores del informe le pidieron al juez Arias, a través de un
incidente de ejecución de sentencia, que
se ejecute la parte firme del fallo, es decir, que se ponga en marcha aquella
normativa.
Por otra parte, el martes 10 de septiembre
de este año más de 50 organizaciones que conforman redes de hogares presentaron
en la Justicia provincial –con el patrocinio de Bianco– una demanda contenciosa administrativa para
que el Ejecutivo cumpla con el pago de becas a organizaciones que trabajan con
la problemática de la niñez y remueva los obstáculos que les impiden a los
niños, niñas y adolescentes acceder a sus derechos.
Sobre esta estrategia de llevar a la
Justicia la problemática de la niñez, Bianco subrayó que “judicializamos cuando
el Estado no cumple con una política pública para las personas con mayor nivel
de vulnerabilidad y cuando hay chicos de por medio; ahí el Estado está obligado
y no puede decir jamás que no tiene fondos, porque si tiene un recurso lo debe
usar para eso”.
Otras conclusiones
Además de cuestionar duramente la tarea del
Ejecutivo Provincial en materia de niñez, el informe también formuló críticas
hacia la problemática habitacional de la ciudad, la distribución discrecional
de la mercadería en los barrios a través de los punteros políticos, las
funciones represivas desempeñadas por las fuerzas de seguridad y el deficiente
servicio público de salud y educación.
Entrevista con Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano y
realizador del documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa
El viernes pasado se proyectó por
primera vez en La Plata el documental ¿Dónde
está Daniel Solano? Diario de una causa, realizado por Leandro Aparicio, quien
junto con Sergio Heredia es abogado de la familia del joven desaparecido. La charla-proyección
se realizó a las 20 horas en el edificio del Rectorado de la Universidad
Nacional de La Plata, con la presencia de su realizador. Para la elaboración
del trabajo se utilizó una gran cantidad de filmaciones hechas por los propios
abogados, que aún siguen oyendo y registrando testimonios, en una causa que
crece con el correr de los meses.
“Es un caso judicial que está
filmado desde el inicio”, comentó Leandro Aparicio a Comunidad al Palo! en la víspera de la proyección. Según el abogado
bahiense, la decisión de realizar el film surgió luego de un “parate” en la
investigación judicial del caso, posterior a la detención de siete policías.
Para los abogados de la familia Solano, la intención tanto de los gobiernos
provincial y nacional como de la justicia es que la causa finalice con la
detención de los policías, sin avanzar en el juicio a la parte empresarial, sospechada
de planificar el crimen y su encubrimiento.
Daniel Solano era un joven
guaraní que viajó 2.400 kilómetros desde la ciudad salteña de Tartagal a la
localidad de Lamarque (Río Negro) para trabajar en la cosecha de frutas,
contratado en forma tercerizada por la empresa Agrocosecha. El sábado 5 de
noviembre salió al boliche Macuba, en Choele-Choel, donde fue emboscado por un
grupo de policías. Daniel había intentado organizar a sus compañeros en reclamo
por un sueldo injusto, y desde aquella madrugada de 2011 su cuerpo permanece
desaparecido.
Una trama al descubierto
“El caso Solano es el embrión de
lo que se fue denunciando sobre lo que pasa en el Valle Medio”, afirmó Leandro
Aparicio. Tanto él como Sergio Heredia están convencidos de que existe una
asociación ilícita cuya finalidad es explotar a centenas de trabajadores
golondrina. “Pudimos acreditar mediante más de 350 testimonios de identidad
reservada pruebas periciales de lo que es la estafa. A Daniel Solano
Agrocosecha le robó durante un año 30 mil pesos”, comentó Aparicio.
Quienes se encontrarían en el
centro de esa trama de complicidades son los empresarios Pablo Mercado y los
hermanos Adrián y Gustavo Lapenta, dueños de Agrocosecha. A ellos se sumarían María
Cecilia Constanzo, jueza de Faltas de
Lamarque y asesora legal de la Delegación de Trabajo de Choele-Choel, y Marisa
Bosco, la primera jueza de la causa, señalada por los abogados como la principal encubridora
del crimen de Solano. Según Aparicio, en el juzgado de Bosco “había 179
denuncias de apremios ilegales que estaban cajoneadas y que no habían sido
tocadas en los últimos cinco años”.
María Cecilia Constanzo fue la
abogada puesta por Agrocosecha para representar a la familia de Daniel, cuando se
intentó imponer la idea de que el joven se había ido de viaje a Neuquén, hasta
que la comunidad de Tartagal le solicitó la defensa a Heredia. “Descubrimos que
estaba asociada a esta mafia delictiva”, explicó sobre esto Sergio Heredia a Comunidad al Palo!.
En la misma línea, Aparicio
mencionó a otros integrantes de las fuerzas policiales “como son el comisario
Aramendi, el comisario Parra y los policías Vega, Chazarreta e Irusta”, quienes
también estarían involucrados en los hechos, y concluyó que “por lo menos nueve
personas más tienen que estar detenidas por los delitos que han cometido”. También agregó que “hay otros dos desaparecidos más que entran en relación con
esa misma empresa y con esta causa”. Se trata del jujeño Héctor Villagrán y el
paraguayo Pedro Cabañas Cuba, cuyas desapariciones se produjeron en diciembre
de 2011 y febrero de 2012, respectivamente.
Continuidad
Actualmente la causa está en
manos de un juez subrogante, Julio Martinez Vivot, con quien Gualberto y Pablo
Solano –padre y tío de Daniel– tuvieron una audiencia el jueves pasado. Martínez Vivot tiene a cargo un juzgado en la
ciudad de General Roca y, al mismo tiempo, tiene que atender las causas que se
encuentran en el juzgado de Choele-Choel, por lo que la familia de Solano le solicitó
una mayor atención a este caso.
Según informó el propio Aparicio, desde el gobierno provincial les habían prometido "que iban a mandar personal para poder avanzar", y concluyó: "Avanzar en lo que corresponde al Estado, lo que es la investigación ya está todo hecho".
Entrevista con Josefina Garzillo, cronista de Norte Profundo
Tucumán, Salta y Jujuy fueron las
provincias visitadas para la realización del proyecto, en el que se marca un
recorrido foto-gráfico, un testimonio de sus realizadores sobre 15 comunidades
del interior, ligado al contexto del Bicentenario. Hoy sus integrantes buscan financiar en forma colectiva el viaje de regreso a esas poblaciones, llevando su trabajo en formato libro y proponiendo talleres de edición comunitaria.
Josefina
Garzillo, cronista de Norte Profundo, en diálogo con Comunidad Al Palo!, comentó que dicho proyecto marcó un antes y un después en su modo de entender el periodismo, y agregó:
“estuvimos 3 meses viajando, conociendo las realidades sociales del interior.
Nos interesaba ver cómo estaban esas economías regionales, esas provincias tan
pujantes”.
Durante el viaje junto a Daniel Ayala buscaron dar cuenta de
cómo habían afectado la centralidad de Buenos Aires y las políticas
concentradoras que se dieron a partir de la independencia del Estado argentino,
vislumbradas en condiciones laborales y aspectos culturales, plasmándolas en fotos y textos sintetizados en un único lenguaje.
Respecto de la experiencia, Josefina
remarcó: “me quedo con la fortaleza de la gente en algunos casos, y lo golpeado
de otros, nos han dejado huellas y sellos muy fuertes (…) La idea es devolver
el libro a aquellos pueblos del norte”.
Para ello, agregó que necesitan la ayuda
de la gente mediante el financiamiento colectivo, para poder publicar, viajar y
dar los talleres que acordaron. Los plazos son hasta el 15 de noviembre, y el
proyecto se puede encontrar en la plataforma Idea.me.
Entrevista con Gabriel Colautti, integrante
de la ONG Familiares de Víctimas de las Inundaciones
El martes 29 a la mañana los familiares de
víctimas fatales y vecinos damnificados de la inundación se reunieron frente a
la fiscalía de Jorge Paolini, ubicada en 54 entre 6 y 7, para exigir avances en
la causa que investiga las responsabilidades de la catástrofe. Para lo ocasión
también se hicieron presentes algunas personas identificadas como cercanas al
bruerismo, quienes habrían intimidado a los manifestantes. A casi siete meses
de aquel 2 de abril sólo se citó a declarar a ocho delegados municipales y la
causa sigue sin imputados.
"Todo lo que se hizo fue citar a delegados
municipales”, afirmó Gabriel Colautti, de la ONG Familiares de Víctimas de la
Inundación, y expresó que la causa que busca establecer las responsabilidades
penales por la tragedia de abril “avanzó para el lado incorrecto”. Así lo
demuestra el caso de Jorge Oscar Comesaña, quien en abril denunció ante el juez
en lo Contencioso Administrativo Luis Arias la aparición de 12 cadáveres en la
rambla de 68 entre 31 y 131. Según Colautti, “a ese señor lo fueron a buscar de
los pelos y hoy tiene una causa por falso testimonio”.
En el mismo sentido, el entrevistado
mencionó a algunas figuras que ya deberían haber sido llamadas a declarar por
Paolini. Tal es el caso de Juan José Rivademar, director del Centro de Monitoreo
Público (MOPU); Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura de la provincia; y
el Comisario General Pablo Vázquez, jefe de la Morgue Judicial (quien le denegó la
entrada al juez Arias). Paolini creyó que tampoco serían útiles para la causa
los testimonios del director de Defensa Civil y del jefe de Bomberos.
Otro de los reclamos de familiares y
vecinos fue que el fiscal deje de atribuirse derechos que le competen a Luis Arias,
quien investiga si hubo errores e irregularidades en el registro de víctimas fatales de la
catástrofe de abril. En este marco, algunos de los familiares de víctimas fueron
citados por Paolini esta semana para declarar el próximo martes a las 10:30.
Sobre esta citación Colautti expresó que “será una
entrevista como para ponerle más confusión al tema, porque Paolini se arroga la
potestad de ser él quien arma la lista de fallecidos, cuando es el Dr. Arias
sin lugar a dudas, así lo dispuso la Suprema Corte”.
El mismo martes, al momento de manifestarse
frente a la fiscalía, se hicieron presentes tres personas que fueron
identificadas por los familiares y vecinos como de la “patota bruerista”. Por
este hecho, que los manifestantes consideraron una intimidación, el miércoles
pasado se presentaron en 7 entre 56 y 57 e hicieron una denuncia penal en
la fiscalía de Juan Cruz Condomí Alcorta. “No va a servir para nada pero bueno,
hay que fijar un precedente. Mañana nos puede pasar algo, y a los primeros que
tendrían que ir a buscar es a ellos”, manifestó Colautti.
El próximo sábado se cumplirán 7 meses de
aquel trágico 2 de abril y los familiares vuelven a convocar a una marcha. El
encuentro será a las 18:00 en Plaza Moreno, donde realizarán un Jardín de la
Memoria con plantas que llevarán los nombres de los fallecidos, tal como lo
hicieron en Plaza San Martín a los seis meses de la inundación. En ese marco la
Asamblea de Tolosa está realizando una convocatoria a la comunidad platense para cantar "La Correntada" frente a la
Municipalidad, junto al músico Alejandro Balbis.
Entrevista con Joaquín Torreta, presidente
del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N° 13 “Soldados de Malvinas”.
En la mañana de este martes los alumnos de la
Escuela de Enseñanza Media N° 13 tuvieron clases al aire libre, en el frente
del edificio ubicado en 22 y 48. En horas del mediodía, y acompañados por
algunos docentes, se manifestaron frente a la Gobernación para pedir que se
realicen las obras de mantenimiento que la escuela necesita. En la
reunión que tuvieron con el director de Infraestructura provincial, Claudio De
Nigris, llegaron al acuerdo de un nuevo llamado a licitación.
“Nos dijeron que se aprobó una ley que les
permite realizar la obra de forma privada y que ellos se iban a encargar
personalmente de las refacciones”, contó Joaquín Torreta, presidente del Centro
de Estudiantes de la escuela. Cada vez
que llueve el edificio en el que estudian tiene filtraciones de agua, se
desprenden partes de cielorraso y se electrifican paredes, por lo que deben
suspenderse las clases. “Empiezan a caer un par de gotas y se filtra agua por
los cielorrasos, se empiezan a mojar algunas partes, se electrifican algunas
paredes y ya es imposible que se dé clases con normalidad”, detalló el
estudiante.
Unos meses atrás el Consejo Escolar había
realizado una licitación que no tuvo empresas oferentes, por lo que la fecha
límite que había establecido De Nigris –el 15 de septiembre– no se cumplió. Según
contó el estudiante a Comunidad al Palo!,
el director de Infraestructura les dijo que la obra estaría licitada para fines
de noviembre. “Siento que se va a llegar buen puerto, pero igual lo invité a De
Nigris a la próxima movida que vamos a hacer, que va a ser un desfile de ‘Noras
De Lucía’ en la puerta de donde trabaja”, comentó.
Consultado sobre la situación de otras escuelas
de la ciudad que tienen problemas similares, Torreta aclaró que han tenido
contacto con estudiantes de otros establecimientos. Luego recordó que el muñeco que instalaron el martes frente a Gobernación tenía la leyenda 'escuelas de la provincia' y concluyó: “El pedido no era solamente por la media 13, se trata de la
importancia que le está dando el gobierno a las escuelas secundarias de la
provincia”.