14 diciembre 2013

“La discriminación es un problema que engloba a muchísimos temas”

Entrevista a Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del INADI

   El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), presentó el lunes 9 de diciembre el Mapa de la Discriminación 2013, en un acto realizado en el Museo del libro y de la lengua de la Biblioteca Nacional. El trabajo contó con el aporte de 27 universidades nacionales y registró 14800 casos de discriminación –tanto sufrida como presenciada– en el país.

   En diálogo telefónico con Comunidad al Palo!, Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del INADI, dijo que es “bastante difícil” restringir el análisis a un solo elemento del informe debido a “la diversidad y heterogeneidad de la temática”: “La discriminación es un problema que engloba a muchísimos temas, que van desde el racismo y la xenofobia hasta la diversidad sexual, pasando por pueblos originarios, género y discapacidad”.

   Roma agregó que el trabajo procura analizar no sólo las modalidades de discriminación sino también los ámbitos donde ocurren, como la escuela, el trabajo, la vía y el transporte públicos, los boliches bailables, el barrio e incluso la familia. El funcionario señaló que, de todos estos espacios, el laboral es “uno de los más nombrados” en las encuestas y que “las situaciones vinculadas al género” y al hecho de “ser mujer” son las más habituales en esos casos. Asimismo, expresó que el ámbito educativo, donde la obesidad es el principal móvil de discriminación, también actúa como “caja de resonancia de la sociedad” porque allí se produce “un combo importante de diferencias sociales”.

   Consultado sobre los tipos de discriminación más frecuentes, Roma aclaró que ese indicador “depende de la región del país donde se registren”; de todos modos, trazó un cuadro de situación general y mencionó que los motivos más comunes por los cuales se discrimina son el nivel socio-económico, el aspecto físico y el color de piel. Además, aseguró que en Capital Federal y en el Conurbano “hay una tendencia a la xenofobia”.

   Sobre la situación de los pueblos originarios, Roma reveló que en el Noreste y Noroeste del país existe un alto nivel de discriminación hacia esos sectores, situación que el informe del organismo califica como “racismo estructural”. “Es una especie de sustrato de cemento donde se juntan elementos vinculados al color de piel y a la condición social –aseveró–. Eso forma un sujeto que, en el marco de la construcción de las relaciones sociales, aparece en una situación de desigualdad importante”.

   El Mapa 2013 es el segundo relevamiento de estas características elaborado por el INADI, aunque es el primero que articula los datos recogidos en todo el país y permite, según afirmó Roma, lograr una “proyección nacional” de la problemática de la discriminación. El anterior se había realizado en 2009 a partir de relevamientos específicos para cada una de las 23 provincias.

Los resultados

   De un cable de la agencia Télam que sistematizó los resultados del Mapa 2013 se desprende que el 65 por ciento de las personas encuestadas vivió una experiencia discriminatoria –tanto sufrida como presenciada– y que, de esa cifra, sólo el 28 por ciento tuvo algún tipo de reacción frente al hecho. A su vez, tan sólo el 8 por ciento de quienes reaccionaron denunció al agresor. 

Fuente: Télam
   Otro dato llamativo indica que el grado de reacción ante un caso de discriminación es más elevado en sectores de clase media-alta y de mayor nivel educativo que en personas de bajos recursos, registrándose porcentajes de 34 y 19 por ciento, respectivamente. “A mayor nivel de educación hay más toma de conciencia y esto incrementa la posibilidad de expresar y visibilizar la problemática”, explicó Roma.

   En ese orden de cosas, el funcionario nacional comentó que la discriminación es un tema muy debatido en la clase media-alta, aunque no necesariamente es la que sufre tales experiencias. “La discriminación aparece como un tema del cual hablan muchísimo los sectores medios –indicó–, pero su efecto atraviesa a toda la sociedad, inclusive con tendencia a afectar a los sectores más desfavorecidos”.

Líneas de trabajo

   Según informó Roma, el INADI propone “líneas federales de trabajo” que, desde hace aproximadamente dos años, focalizan su atención en los ámbitos educativos y laborales, señalados por el Mapa como los espacios donde se registran más casos de discriminación. En relación a los establecimientos educativos, destacó la labor del Consejo Federal de Políticas Antidiscriminatorias, en el que los gobernadores provinciales participan de una mesa de trabajo con el INADI –que representa al Estado Nacional–, con el objeto de articular políticas públicas en materia de educación.

   El funcionario dijo también que el organismo trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación. Entre otras acciones, revisa textos escolares para detectar nociones y expresiones discriminatorias: “No solamente los chicos discriminan en el colegio; a veces, la discriminación parte de la propia visión de la escuela sobre, por ejemplo, la educación cívica o sexual”, manifestó Roma, al tiempo que añadió que hay que “salir de lo estereotipo de familia con ‘mamá, papá y hermanito’” y eliminar cualquier referencia despectiva o estigmatizante hacia los pueblos originarios. Por último, advirtió sobre la importancia del cuerpo docente en tanto “tiene una gran responsabilidad para comprender situaciones discriminatorias que suceden en el aula”.



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07 diciembre 2013

“El aparato represivo es la expresión concreta de una política de Estado”

Entrevista a María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

   La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el viernes 29 de noviembre su Informe anual sobre la situación represiva en Argentina, en un acto realizado en Plaza de Mayo. El trabajo reveló que desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 hasta fines de noviembre de 2013 hubo 4011 personas asesinadas por el aparato represivo estatal.

   “Es una herramienta necesaria para todas las organizaciones y los militantes porque nos permite evaluar con qué metodología se reprime en nuestro país”, dijo en Comunidad al Palo! María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, aunque señaló que el informe es “una radiografía indudablemente incompleta” porque “nunca llega a cubrir la totalidad de los casos”.

   Verdú informó que de los 4011 hechos relevados, 2448 ocurrieron en la última década y afirmó que eso “da la pauta de que los gobiernos constitucionales aplican diariamente el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores organizados”.

   Además de la realización del informe, CORREPI diseñó el sitio web Archivo de Casos, en el que volcó los datos relevados durante las tres décadas de democracia. Allí pueden buscarse los casos de las personas asesinadas por la represión estatal según distintas variables, tales como año, provincia, edad, sexo y fuerza represiva.

   “Cada vez es más difícil poder corroborar la información y encontrar datos en la prensa”, aseveró Verdú, ya que pese a las facilidades tecnológicas y a la capacidad del equipo de investigación del organismo “cada vez da más trabajo realizar un seguimiento porque, una vez acallado el escándalo inicial, los casos desaparecen por completo de los medios”. Por tal motivo, destacó el trabajo de las organizaciones antirrepresivas y de quienes facilitan datos sobre lo que sucede en sus barrios: “La confección del archivo sería imposible sin el aporte constante que recibimos”.
   
Una política de Estado

    La abogada aclaró que el aparato represivo no está representado únicamente por las fuerzas de seguridad, que son “sólo las que aprietan el gatillo”. “Tenemos que considerarlo como la expresión concreta de la política de Estado a través de todos sus órganos”, precisó; en esa línea, sostuvo que la responsabilidad por los casos de gatillo fácil, los asesinatos en las cárceles y las desapariciones, entre otras modalidades represivas, es de los tres poderes republicanos.

   “Al lado del Poder Ejecutivo, que maneja el aparato represivo de uniforme, y del Judicial, que son los represores de traje y corbata con el Código bajo el brazo, está el Legislativo, que dota a los jueces y a las fuerzas de seguridad de la normativa que legitima la represión”, explicó Verdú. En relación a esto último, apuntó contra las figuras legales creadas para reprimir la protesta social –como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007– y las leyes que impiden a los sectores vulnerables la obtención del beneficio de la excarcelación y la posibilidad de acceder a la legítima defensa en un juicio justo.

El rol de los medios

   Verdú aseguró que los medios de comunicación que reproducen el discurso dominante también actúan como legitimadores del accionar represivo ya que delimitan la agenda de discusión social y estigmatizan a los sectores pobres. “Si bien no siempre logran decirte cómo tenés que pensar, sí logran decirte sobre qué tenés que pensar”, remarcó, mientras que criticó a los medios que “hacen propio el discurso de lo que llaman opinión pública, que en realidad es opinión publicada”.

   “Si le vamos a creer a los medios –opinó–, el origen de todos nuestros males está en la existencia de criaturas de 14, 15 o 16 años que son los que aterrorizan a la población y que si los extermináramos a todos viviríamos muy tranquilos y felices”.

   Asimismo, la abogada advirtió que ciertas construcciones periodísticas tergiversan la información y estigmatizan a determinados actores sociales. Entre otros ejemplos, mencionó el uso de la frase “confuso episodio” para hablar de casos de gatillo fácil y de la palabra “menores” para referirse a los chicos pobres que delinquen. “El lenguaje nos atraviesa y hay muchos términos que nos ganan sin que nos demos cuenta; por eso insistimos en resistir esos lugares comunes”, concluyó. 



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06 diciembre 2013

Organizaciones de niñez de la provincia fueron recibidas por el secretario de Niñez

Entrevista a Francisco Farina, integrante del colectivo EONA (Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia) y  de la organización El Transformador de Haedo

   En la mañana de ayer las organizaciones que integran el Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia (EONA) volvieron a presentarse en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, esta vez para reunirse con Pablo Navarro. El encuentro arrojó un saldo positivo para las organizaciones, que obtuvieron respuestas a las demandas que venían planteando y por las que el miércoles 13 de noviembre habían iniciado una vigilia en el edificio de 116 entre 70 y 71.

   “Lo bueno de hoy es que pudimos salir con un programa de pagos”, comentó Francisco Farina, integrante del EONA y de El Transformador de Haedo. Según Farina, las becas de hasta el 5° bimestre de este año fueron pagadas en tiempo y forma, es decir, se cancelaron a fines de noviembre e incluyendo los desdoblamientos de los pagos (para aquellos casos en que la provincia debía becas de 2011 y 2012).

   Respecto a la actualización de los montos de las becas para el 2014, desde la Secretaría de Niñez reafirmaron el compromiso de aumentarlas en un 20%, y aclararon que aún deben reunirse con la cartera de economía para definir cuál será el porcentaje de incremento efectivo. “La primera parte de la reunión fue esa situación económica”, sintetizó el integrante de El Transformador de Haedo.

   Otra de las novedades es que la cartera de niñez también se comprometió a realizar reuniones bimestrales con las organizaciones que trabajan con los más chicos, estableciendo el 5 de febrero como fecha del primer encuentro. Esto permitiría llevar el diálogo entre las organizaciones y la secretaría más allá de la cuestión económica y del atraso de becas, como viene sucediendo, y podría abrir el camino hacia una planificación de las políticas provinciales en conjunto.

   Al respecto, Farina expresó que en la mesa de trabajo de febrero comenzarían por “rever la forma de los convenios” que las organizaciones tienen con la secretaría, pero también “un temario más extenso para desarrollar a lo largo del año”. Además, el integrante del EONA afirmó que “como hay mucho que trabajar, también va a haber una o dos reuniones previas, de cuestiones técnicas, donde las organizaciones llevaremos propuestas y ellos llevarán las suyas”.

Transformadores de la propia realidad

   El Transformador es una organización civil del partido de Morón con más de 10 años de vida que trabaja sobre diversas realidades socio-culturales realizando numerosos talleres artísticos, proyecciones de películas con charlas-debate, encuentros culturales y jornadas de trabajo, ente otras actividades. También cuenta con una biblioteca y DVDteca popular, un grupo de jóvenes y un espacio de géneros. En materia de niñez, la organización opera un centro de día y una casa de noche, que funcionan en Haedo y Morón, respectivamente.

   La casa de noche trabaja en su mayoría con pibes en situación de calle y fue creada ante la necesidad de organizaciones que, como El Trasnformador, gestionan centros de día. La idea que se buscó era formar “un espacio en donde el pibe pueda empezar a transitar algo progresivo a lo que después podrá ser la vuelta a su casa, el autovalimiento o el hogar convivencial”, detalló Farina, y explicó que para los pibes de los centros de día “el salto al hogar a veces era muy brusco, y creíamos que tenía que haber un punto intermedio”.

   En relación con la necesidad de plantear nuevas formas de convenios a la Secretaría de Niñez provincial, Farina ejemplificó con la experiencia de la casa de noche. "Nuestra especificidad no es la misma que la de un centro de día, y hoy no existe una figura jurídica ni un convenio que nos ampare”, concluyó.



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03 diciembre 2013

El Galpón de Tolosa puede perder su espacio verde

Entrevista a Iván Pajak, integrante del Circo Social Escaramujo que funciona en el Centro Cultural y Social Galpón de Tolosa

   Luego de sufrir el segundo incendio intencional en poco más de un mes, los diversos colectivos que conviven en el Galpón de Tolosa están en riesgo de perder gran parte del predio donde realizan sus actividades. En la mañana del pasado jueves 28 un grupo de jóvenes que llegaron al centro cultural se encontraron con un principio de alambrado y atribuyen este hecho a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que opera la Línea Gral. Roca.

   “Llegamos y nos encontramos con cinco pilares de alambrado ya instalados, con dos agujeros para disponer de dos postes más, y con el consecuente enrejamiento de un 50% de lo que es el centro cultural”, explicó Iván Pajak, integrante del Circo Social Escaramujo que funciona en el Galpón de Tolosa. Según mencionó en diálogo con Comunidad al Palo!, el enrejamiento ocurrió en el parque del centro cultural, donde realizan actividades al aire libre tales como las funciones del circo social, los festejos por el día del niño y la Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA), entre otras.

   La instalación de los pilares la habría realizado la empresa UGOFE con la idea de ceder uno de los galpones del predio a la asociación civil El Ferroclub Argentino, que funciona en 3 y 526, “para la puesta en valor de máquinas de vapor que son históricas y forman parte del museo”, detalló Pajak. Si bien desde el Galpón de Tolosa aceptan esa donación, cuestionan la pérdida del resto del predio debido al uso que le dan desde el centro cultural y a que se desconoce el destino que tendrá.

   En tal sentido, el integrante de Escaramujo afirmó que “cuando le pasa esto al Galpón de Tolosa hay muchísimas personas que están siendo damnificadas”, y agregó que buscarán proponer “que si el enrejado se va a hacer que se haga más atrás, que nos permitan tener el espacio verde que siempre tuvimos”.

Un año difícil

   Este año los colectivos sociales y artísticos que integran el centro cultural debieron afrontar dos robos y dos incendios intencionales, éstos últimos ocurridos en poco más de un mes y sin conocerse a los autores. El último incendio fue en la nave central del galpón y ocurrió entre las 8 y las 11 horas del sábado 23 de octubre. Ese mismo día se realizaba en el centro cultural la 14° FLIA platense, por lo que los anfitriones del evento debieron trabajar contra reloj para preparar el espacio para feriantes, artistas y público en general.

   “Apilaron todas nuestras colchonetas y colchones de caída, con los que damos los talleres, agarraron fotografías de un compañero que sigue nuestro trabajo desde hace dos años que es Agustín Piana, que iba a exponerlas durante la FLIA, apilaron todo y prendieron fuego todos los elementos de circo”, relató Iván Pajak acerca del incendio que afectó principalmente al circo social.

   Consultado sobre las condiciones bajo las que se pudo realizar la feria del libro, afirmó que según comentarios recibidos “fue tan buena y tan agradable como la primera que se hizo en 2009, que era la 2° FLIA de La Plata”, y agregó que “eso nos deja bastante tranquilos de que nuestro trabajo sigue siendo digno por más que las condiciones del galpón no sean las mejores”.

   Por su parte, el bachillerato popular El Llamador, que también funciona en el Galpón de Tolosa, volvió a sufrir pérdidas debido a la quema de un armario en donde se guardaban libros. En la madrugada del sábado 19 de octubre un incendio intencional había dejado inutilizables dos de las tres aulas del bachillerato, quedando toda la estructura de madera con riesgo de derrumbe. En los días posteriores al hecho los docentes y los estudiantes de El Llamador habían decidido reconstruir las aulas y, mientras tanto, continuar con las clases en distintos espacios del centro cultural.

   “Tuvimos muchos robos, tuvimos intentos de entrar al galpón en momentos en que no estábamos, no es la primera vez que tenemos ataques hacia el galpón o hacia el bachillerato, pero sí es la primera vez que sufrimos algo tan grave y con una perdida material tan grande”, expresó en esa oportunidad José Maldonado, docente del espacio educativo. Por aquél incendio los integrantes del Galpón de Tolosa habían realizado una denuncia en la comisaría 6° de Tolosa, ubicada en 1 e/ 528 Y 529.



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30 noviembre 2013

Se inaugura en el centro cultural En Eso Estamos la biblioteca popular Tomasa Mouras

Entrevista a Martín Calabrese, integrante de la editorial Morosophos y del grupo de escritura Enjambre de Jengibres

    El sábado 30 de noviembre, a partir de las 16 horas, se realizará en el centro cultural En Eso Estamos –ubicado en 8 entre 41 y 42– un encuentro de editoriales independientes en el que se inaugurará la biblioteca popular Tomasa Mouras. La iniciativa surgió del grupo de escritura y poesía Enjambre de Jengibres, cuyos integrantes se reúnen todos los miércoles EEE para leer y compartir sus producciones literarias.

    “Pensamos que podíamos organizar un encuentro de editoriales para participar junto con los demás colectivos del espacio, porque esta es nuestra casa”, dijo en Comunidad al Palo! Martín Calabrese, miembro de Enjambre de Jengibres y de Morosophos, una de las editoriales que lo integra. “El evento está abierto; cualquier editorial puede acercase con sus libros y, con sólo manifestar el deseo de participar, se arma el puesto enseguida”, señaló.

    Respecto de la inauguración de la biblioteca, Calabrese expresó que es “un buen momento porque venía funcionando irregularmente” y explicó por qué eligieron llamarla Tomasa Mouras. “No queríamos poner el nombre de un autor reconocido porque el laburo que hacemos como editorial y como escritores está bastante alejado de lo canónico –contó–. Por eso interesó la idea de buscar una escritora del margen y prácticamente desconocida”.

    De la jornada participarán las editoriales Vuelta a casa, Morosophos, Como pez en el árbol, Club Hem y Lectores salvajes.

Se presenta Norte Profundo

    Calabrese invitó además a participar de la presentación de Norte Profundo, un libro de crónicas de pueblos del norte del país editado por Pixel y realizado por Josefina Garzillo –integrante de EEE–, que tendrá lugar el domingo 1 de diciembre a las 17 horas en la esquina de 3 y 74. “Somos un montón de editoriales que laburamos de la misma manera y la idea es apoyarnos; al ser tan diverso el material es absurdo pensar en una competencia. Si somos 100 editoriales, mejor”, finalizó. 



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26 noviembre 2013

Vecinos inundados denunciaron penalmente nuevas agresiones

Entrevista a Gabriel Colautti, integrante de la ONG Familiares de Víctimas de la Inundación

   El pasado martes 19 de noviembre, en que se celebró el 131° aniversario de la ciudad, vecinos y familiares de víctimas de la inundación volvieron a sufrir agresiones por parte de personas cercanas al bruerismo. Durante la celebración del Tedeum en la catedral platense dos vecinas fueron golpeadas en presencia de fuerzas de seguridad, del arzobispo Héctor Aguer y del propio intendente Pablo Bruera. Familiares y asambleístas habían asistido a la celebración vestidos de luto, con velas y fotografías de las víctimas, para escuchar la homilía en el contexto de la cancelación de los festejos.

   A pocas semanas de una intimidación sufrida durante la manifestación que realizaron frente a la fiscalía de 54 entre 6 y 7, vecinos de la ciudad volvieron a ser objeto de agresiones por parte de personas identificadas como brueristas. A una integrante del grupo que se manifestó en forma pacífica le fue arrebatada la foto de su hermano fallecido, y posteriormente tanto ella como la sobrina de la víctima fueron golpeadas. “En una iglesia, en la catedral, en un Tedeum, pegarle a dos mujeres, creo que no debe tener precedencia”, dijo a Comunidad al Palo! Gabriel Colautti, integrante de la ONG Familiares de Víctimas de la Inundación.

   “Fuimos a hacer un acto de presencia, fuimos vestidos todos de negro, sin provocaciones, sin nada, a escuchar una misa y a escuchar la homilía de monseñor Aguer, a ver qué era lo que decía sobre el tema inundaciones, que era el tema que no se podía obviar”, explicó Colautti. Mediante un comunicado emitido ese mismo día los familiares y asambleístas también denunciaron que otros vecinos fueron agredidos y golpeados fuera de la iglesia, en los minutos previos al ingreso del intendente para presenciar la celebración.

   Por esa agresión y por la sufrida mientras finalizaba la ceremonia del Tedeum fue radicada una denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 a cargo del Dr. Tomás Morán, quien se encontraba de turno. El pasado 29 de octubre los vecinos y familiares de víctimas habían denunciado ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la UFI N° 5 la intimidación que sufrieron mientras se manifestaban exigiendo avances en la investigación penal de la tragedia de abril que lleva adelante el fiscal Jorge Paolini.

Citación de Paolini a familiares de víctimas

   En el marco de la causa por las responsabilidades penales de la inundación, algunos familiares de víctimas fueron citados a declarar por Jorge Paolini, en un intento del fiscal por neutralizar las presiones de los vecinos ante el estancamiento de su investigación. Este gesto fue recibido con suspicacia por los damnificados, quienes sostienen que el fiscal sigue intentando confundir su tarea con la de Luis Federico Arias, juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 que investiga errores e irregularidades en los registros de defunciones por la inundación.

   Respecto a la citación, desde la ONG decidieron no presentarse a declarar por considerar que es otro el rumbo que debe seguir la investigación de Paolini y porque la convocatoria no cumplió con las formalidades procesales. “Lo único que tuvimos fue un llamado telefónico”, aseguró Colautti, y agregó que lo procesalmente correcto hubiera sido que el fiscal realizara las citaciones “mediante una cédula”.

   En el mismo sentido, Colautti cuestionó los registros de víctimas fatales durante la tragedia, ya que no hubo defunciones por inundación sino que las mismas fueron consignadas como muertes por inmersión o muertes por paro respiratorio no traumático. “Hoy no tenemos muertos oficiales por la inundación. Hasta que el Dr. Arias no dicte sentencia no hay muertos por la inundación, más allá de que el poder ejecutivo reconozca un número”, expresó.



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22 noviembre 2013

“Todos tienen derecho a saber qué pasó con Luciano”

Entrevista a Rosaura Barletta, parte del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga que acampan en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador.

    El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició el martes 19 de noviembre los peritajes en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue visto por última vez Luciano Arruga en 2009. El comienzo de esta investigación era uno de los reclamos del grupo de familiares y amigos del adolescente desaparecido, que llevan más de un mes de acampe en la parte delantera del edificio en el marco de la Campaña por el derecho a saber.

    “Es un avance muy grande en relación con el derecho a la verdad”, dijo en Comunidad al Palo! Rosaura Barletta, que forma parte del grupo que realiza la vigilia. En ese sentido, consideró que el inicio de los peritajes tras 35 días de acampe, dos años de reclamos y habiendo transitado todos los pasos institucionales posibles es “esperanzador” porque demuestra que “tenemos el poder de cambiar las cosas”; aunque también es “triste” porque hay familias que respetan las instancias institucionales y “no obtienen ninguna respuesta”.

Familiares y amigos de Luciano Arruga en el acampe en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Fuente: La Garganta Poderosa.


   El equipo forense comenzó la investigación por orden de Juan Pablo Salas, juez federal n° 1 de Morón, que está a cargo de la causa. Primero removerán los escombros y limpiarán el lugar; luego, procederán a identificar huellas e incluso posibles restos óseos. “El peritaje viene a dar una certeza total –afirmó Barletta– porque se trata de una excavación. Se va a terminar de saber si Luciano está ahí, qué sucedió con él y si hay muestras de ADN que cotejar”.

    La importancia del peritaje forense radica en que va a “terminar con las dudas” que existen en relación al ex destacamento como sitio de prueba. “Todos tienen derecho a saber qué pasó con Luciano; no es un patrimonio nuestro”, sostuvo Barletta. Asimismo, remarcó que  “tenemos la misma incertidumbre que cualquiera” y que por eso “estamos tratando de manejar la información con prudencia”. “No queremos que nuestro mensaje político termine en conjeturas personales”, expresó.

Peritajes anteriores

    El peritaje forense no es el primero que se lleva a cabo en el ex destacamento de calle Indart. El primero de ellos se realizó con perros adiestrados y arrojó indicios positivos en la comisaría, en un patrullero y en Monte Dorrego, un descampado cercano. Este tipo de rastreos tiene una exactitud del 80 por ciento.  

    El segundo se hizo con luminol, un líquido que reconoce sangre que no puede apreciarse a simple vista. Se efectuó en 2011, dos años después de la desaparición de Arruga. “Las paredes del destacamento estaban llenas de sangre, pero por el tiempo transcurrido no se podía comprobar si era de Luciano”, expresó Barletta.

    Por último, la tecnología del geo-radar también dio resultados positivos: identificó movimientos de tierra en ex la dependencia policial.

El “espacio para la memoria”

    La otra exigencia que llevó a los familiares y amigos de Arruga a realizar la vigilia es que el lugar donde funcionó hasta 2011 la comisaría donde detuvieron al joven se convierta en un “espacio para la memoria” una vez finalizados los peritajes forenses. “Para esto necesitamos que el poder político nos firme un comodato, que es la figura legal por la cual podríamos acceder a la casa antes de que se efectúe la expropiación”, explicó Barletta.

    El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, visitó el lugar del acampe y se comprometió a cumplir con este segundo reclamo. Según contó Barletta, la Secretaría emitió un comunicado oficial en el que afirma que las organizaciones podrán disponer del ex destacamento una vez finalizados los rastreos.

    Barletta fue muy crítica respecto del desempeño de los funcionarios públicos en la causa Arruga. “En un principio estuvimos dispuestos a negociar determinadas cuestiones y a compartir actividades con el Estado –señaló–, pero después entendimos que no está preparado para trabajar con familiares de víctimas de violencia institucional”.

    Por tal motivo, señaló que quieren “trabajar con independencia del Estado”. “Es lamentable, pero no nos vamos a arriesgar a trabajar con personas que nos han faltado el respeto”, finalizó.

La causa

    Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, tras ser secuestrado en Lomas del Mirador –partido de La Matanza– por efectivos policiales que, según afirman sus familiares y amigos, lo habían obligado a robar.

    Recién a principios de este año la causa evidenció algún movimiento. En febrero cambió de carátula: de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”; además, por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, ocho efectivos de la Policía Bonaerense fueron separados de la fuerza por estar sospechados de haber detenido ilegalmente y torturado a Arruga.



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“Tenemos la esperanza de que reactiven la fábrica”

Entrevista a Carlos Martínez, delegado del sindicato Asociación Obrera Textil y trabajador de la fábrica SNIAFA (Sociedad Nuevas Industrias Argentinas Fibras Artificiales)

   En el 2010, 180 trabajadores de la fábrica textil SNIAFA (Sociedad Nuevas Industrias Argentinas Fibras Artificiales), ubicada en la localidad de Hernández, sufrieron el cierre de la misma, sin posibilidades de reactivarla por culpa de la mala imagen de la empresa y por falta de fondos. Hasta entonces, el predio se encuentra en situación de remate, y los ex trabajadores realizaron una Olla Popular, para visibilizar la problemática, recibir a los interesados en la compra de la propiedad y esperar una solución.

   “Tenemos toda la expectativa en el remate de la fábrica el próximo 27, vinieron un par de referentes de empresas textiles interesados en el predio”, explicó Carlos Martínez, en su diálogo con Comunidad al Palo!, remarcando que eso no implicaría que el comprador ponga en funcionamiento la empresa. Sin embargo, los trabajadores, no pierden las expectativas de que la misma sea reactivada, recuperando de ese modo, su fuente de trabajo.

   Además comentó sobre la situación en la que quedaron los obreros y las dificultades que se les presentan a la hora de buscar empleo: “el promedio de la gente que estaba en la fábrica era de 18 años de antigüedad, por lo tanto cuando quedaron desempleados, tuvieron muchos problemas para reincorporarse a otras fábricas, por lo general toman gente joven, así que imagínense la situación”.

   De este modo, aguardan el remate que se llevará a cabo el 27 de noviembre, como una posible salida a la problemática de la falta de trabajo. “Hace más de tres años y medio que estamos padeciendo esta falta de trabajo”, agregó Martínez.

“Chocamos frente a una pared”

   El 13 de Mayo de 2010, resultó ser una fecha gris para aquellos obreros que contaban con una fuente de trabajo. Desde entonces, los mismos se organizaron para ocupar el predio, cuidarlo, y en el trayecto, conformarse como cooperativa. Pese a las buenas intenciones, los ex empleados de la fábrica, vieron frustrado el intento por la falta de dinero para comenzar el emprendimiento, la desconfianza de los clientes a causa de la mala imagen instaurada por los dueños, y las deudas que mantenían antes del cierre, entre ellas, la de EDELAP, empresa que dio el primer paso al cortarles el suministro de energía eléctrica por falta de pago.

   “SNIAFA ya era mala palabra para el Ministerio de Producción y para el Banco Provincia, principal acreedor. Tenían pagos sin concretar, entonces era imposible obtener la confianza de los clientes o préstamos, la imagen era pésima, y mientras tanto había trabajadores que tenían ganas de poner la fábrica en marcha”, comentó el delegado.

   Debido a esto, los obreros optaron por iniciar las acciones legales correspondientes, esperando que se lleven a cabo. Por lo pronto, el remate vendría a saldar una deuda, ya que parte de la plata se destinaría a solventar los pagos correspondientes.



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15 noviembre 2013

Principio de acuerdo de las organizaciones de niñez con la Provincia

Entrevista a Gastón Demesa, integrante del colectivo EONA (Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia) y de la organización Che Pibe

   Las organizaciones que integran el colectivo EONA (Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia) llegaron a un principio de acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia en lo referente al pago de las becas que deben percibir para llevar adelante sus tareas. El acercamiento se produjo tras una medida de fuerza impulsada por EONA, que consistió en pasar la noche en esa dependencia –ubicada en 116 entre 70 y 71– para exigir una reunión con Pablo Navarro, secretario de Niñez, y reclamar una serie de puntos básicos fijados en un petitorio.

   En diálogo telefónico con Comunidad al Palo! Gastón Demesa, integrante de EONA y de la fundación Che Pibe de Villa Fiorito, explicó que el principal objetivo de las organizaciones era discutir un pliego de reclamos con Navarro porque es quien “tiene poder de decisión en la Secretaría y el responsable de que estuviéramos ahí”, pero “jamás dio la cara”; finalmente lograron entrevistarse con Sebastián Gastelu, subsecretario de Niñez; Demesa destacó también que fueron recibidos “con muy buena predisposición” por Gladys Pestillo, directora provincial de Programas y Promoción Comunitaria, pero que, más allá de ser una interlocutora válida, “no tenía la decisión política para poder destrabar este conflicto”, algo que sí ocurría con Gastelu.

   El reclamo giraba en torno a cuatro puntos básicos: la cancelación del pago de las deudas de 2013, incluidos los desdoblamientos –programas de pago en varias cuotas–; un cronograma de pagos firmado y con fechas concretas; la actualización del monto de las becas en función de la inflación actual; y acuerdos claros con el secretario Navarro.

   Según afirmó Demesa, obtuvieron un compromiso de pagos que cancelaría el 29 de noviembre la deuda correspondiente al quinto bimestre de este año –el cuarto, para esa fecha, debería estar saldado–; el pago del sexto se efectivizaría el 31 de enero de 2014, mientras que el primer bimestre del año que viene –enero y febrero– sería percibido por las instituciones el 31 de marzo. Además, la Secretaría se comprometió a actualizar los montos de las becas entre un 20 y un 25 por ciento, aunque esto está sujeto a la aprobación del Presupuesto que actualmente se debate en la Legislatura Provincial.

   Otra novedad importante fue el haber pautado un encuentro con Navarro para el jueves 5 de diciembre, a las 11 de la mañana, en la Secretaría. “Estamos muy contentos porque esto fue un logro del colectivo EONA; fue muy celebrado por los compañeros que estábamos allí”, señaló Demesa.

   La medida de fuerza –que comenzó el pasado miércoles por la tarde y se prolongó hasta las primeras horas de la tarde del jueves y consistió en pasar la noche en la Secretaría– fue una expresión más de protesta en el marco de un contexto crítico para la niñez en la provincia de Buenos Aires. Centenares de organizaciones que contienen a niños, niñas y adolescentes de la provincia sufren desde hace tiempo un ahogo financiero, a raíz del atraso e incumplimiento en el cronograma de pago de las becas que el Gobierno Provincial está obligado a destinarles según lo establece el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298).

“Una decisión política”

   En el petitorio que entregaron ayer en la Secretaría, las organizaciones aseguran que el incumplimiento de la legislación se debe a "una decisión política de la gestióin del gobernador Daniel Scioli", que "se caracteriza por el abandono y desinterés de nuestros pibes y pibas, profundizando de esta manera una política represiva". En ese sentido, Demesa sostuvo que “más allá de los plazos de pago, lo que realmente nos interesaba era discutir las políticas públicas” porque “la Provincia condena y criminaliza a la adolescencia”.

   Además, consideró que la posibilidad de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años es “aberrante” porque el porcentaje de delitos cometidos por chicos comprendidos en esa franja etaria es “insignificante al lado de los delitos de los adultos”. “Lo único que hace la Provincia es priorizar recursos para la mano dura”, manifestó Demesa, y agregó que es una “vergüenza” que “no deposite fondos para la niñez y sí lo haga para estas cuestiones”.

   La lucha de las organizaciones contra la política de “mano dura” del Ejecutivo Provincial es acompañada por personalidades destacadas como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel –que, según contó Demesa, quiso interceder para que Navarro recibiera a los referentes de EONA–, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Aun así, insistió en que los funcionarios provinciales “hacen caso omiso” y en que no se han sentado a “discutir políticas claras” por “falta de voluntad política”.

Che Pibe

   La fundación Che Pibe es una de las cientos de instituciones afectadas por la política de abandono del Ejecutivo Provincial. Recibe diariamente alrededor de 500 chicos y cuenta con varios proyectos: entre otros, un jardín maternal y comunitario llamado “Casa de los niños”, donde concurren chicos de entre 6 y 12 años, y una escuelita de fútbol. Funciona en los tres turnos: mañana, tarde y noche.

   Demesa expresó que la institución “no depende íntegramente de los recursos de Provincia” y que por tal motivo “no hemos sufrido tanto como otras instituciones que tuvieron que cerrar, con la gravedad que eso conlleva porque la población de niñez y adolescencia queda a la deriva”. De todas formas, indicó que por el incumplimiento de pagos de la Provincia “venimos bastante ahogados”.

   “Para nosotros es muy importante la difusión –finalizó Demesa– porque nos han puesto contra las cuerdas. La situación de la niñez en la Provincia es muy grave y delicada”.



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Arte solidario por la salud mental de los más chicos

Entrevista con Florencia Vera, coordinadora del programa Hospital de Día Artificio de la ONG Amparo

   El próximo sábado a las 16hs en el Hospital de Día Artificio (50 e/ 2 y 3) se realizará el 3° Festival Artístico Solidario, con los objetivos de visibilizar el trabajo en materia de salud mental de esa institución y recaudar fondos para mejorar el funcionamiento de sus talleres. Organizado por la ONG Amparo, el evento tendrá exposiciones de artistas, bandas en vivo, buffet y un taller abierto de plástica, entre otras actividades.

   Gracias a un festival que organizaron en junio de este año, sus integrantes lograron juntar el dinero para pintar el hospital. En esta oportunidad, convocan a la comunidad a participar de una tarde llena de actividades con la idea de recaudar dinero “para comprar materiales para los talleres y que funcionen mejor”, según explicó la coordinadora del hospital de día, Florencia Vera, en diálogo con Comunidad al Palo!.

   El Hospital de Día Artificio es un programa de la ONG Amparo que trabaja con chicos que presentan problemáticas graves en relación a la salud mental, mediante la intersección entre el arte y el psicoanálisis. Utilizando el concepto teórico de artificio como un ‘saber hacer’ del paciente para su pronta inserción social, ofrecen talleres de cerámica, cine, plástica, teatro, producción de cocina y expresión corporal para niños y jóvenes que viven con sus familias o que se encuentran en diversos hogares de la zona.

Crecer en conjunto

   La atención de los niños es abordada desde una perspectiva de salud mental integral, y es realizada por un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y artistas, quienes coordinan los diferentes talleres. Además, cuentan con un sistema de pasantías y concurrencias para estudiantes y egresados de las facultades de Bellas Artes y Psicología.

   En tal sentido, Artificio ofrece una oportunidad para la formación de estudiantes y un espacio para psicólogos recientemente recibidos, quienes pueden realizar sus prácticas en el hospital. “Todos los años abrimos un sistema de pasantías y concurrencias al que vienen estudiantes de diferentes carreras”, indicó Florencia Vera. Ambas alternativas culminan a fin de año, por lo que renuevan la convocatoria en cada inicio de ciclo. “Nos interesa que otra gente venga a participar de la institución”, expresó la coordinadora del hospital de día.

La misma niñez, la misma provincia

   Para la financiación de su programa, la ONG firmó un convenio con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a lo que se suman otros ingresos que llegan desde obras sociales. Con ese dinero se pagan los gastos diarios y los sueldos “casi simbólicos” de todo el personal, que suelen abonarse con una demora de varios meses. Cualquier gasto extra debe ser financiado con dinero generado por sus propios integrantes, motivo por el cual iniciaron el ciclo de festivales artístico-solidarios que ya va por su tercera edición.

   “Muchas veces los chicos que están en hogares no vienen al tratamiento porque no tienen dinero para la nafta para traerlos en los vehículos”, había advertido a Comunidad al Palo! Micaela Dova, psicóloga e integrante del equipo del hospital de día. En la misma oportunidad, la coordinadora de Artificio manifestó: “La Provincia no tiene dinero para abastecer a esos hogares, que no pueden traer a los chicos, y a su vez a nosotros nos descuentan dinero si los chicos no vienen”.



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11 noviembre 2013

“Los chicos son los primeros que sufren las catástrofes”

Entrevista a Carola Bianco, coordinadora del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho (UNLP)

    La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNLP, a través de su Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, dio a conocer recientemente un informe titulado “Los niños primero… cuando el agua sube más de un metro y medio”, que demuestra que el incumplimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley 13.298) por parte de la Provincia y el Municipio “profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”.

    “Cuando hay niños implicados, las dificultades de acceso a derechos elementales como salud, educación, vivienda y trabajo genera daños irreparables”, explicó en Comunidad al Palo! Carola Bianco, una de las realizadoras del informe, al tiempo que agregó que existe una “clara discriminación” en materia de políticas públicas en relación con los sectores más vulnerables: “Hay una gran cantidad de pibes en los barrios que no acceden a esos derechos y los que están en situación de calle, mucho menos”.

    Bianco comentó que el informe no cumple sólo una función de denuncia sino que también tiene un carácter informativo porque “el cambio tiene que venir de la exigencia”. “La mayoría de las personas no conoce bien en qué situación están muchos pibes ni qué cosas tendrían que hacerse; en la medida en que sepamos a quiénes recurrir, al Estado se le va a hacer más difícil no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo. 

    La abogada también remarcó que “siendo parte de la Universidad somos parte del Estado, y tenemos una responsabilidad clara con los chicos”; por eso “teníamos que construir algo que nos permitiera denunciar de manera seria lo que veníamos viendo”.

Los organismos provinciales

    El Programa de Niñez fue muy crítico en sus conclusiones respecto del desempeño de los organismos provinciales creados para efectivizar políticas públicas en materia de acceso a derechos elementales en los barrios, como el caso de los Servicios Locales. La ley 13.298 establece en sus artículos 18 y 19 que son “órganos desconcentrados” que deben “ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño”.

    El informe sostiene que “en los últimos 5 años se han creado ocho Servicios Locales” pero que “no cuentan con la infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar correctamente”. “Las organizaciones barriales tuvieron que ocupar lugares que le correspondían al Estado; si los Servicios Locales hubiera estado presentes hubiera habido una rápida organización para evitar tantos pibes fueran afectados. Figuran en los expedientes, pero en esta inundación ni aparecieron”, afirmó Bianco. Asimismo, explicó “los chicos son los primeros que sufren en las catástrofes”, por lo que estas unidades “tienen que montar una estrategia barrial con la salita, la escuela y la familia”.

    La semana siguiente al temporal, los integrantes del Programa de Niñez solicitaron a los Servicios Locales informes sobre el trabajo que realizan en los barrios, pero “hasta ahora no nos ha llegado ninguna información”.

    Otro “organismo clave” es la Comisión Interministerial, prevista en el artículo 23 del SPPDN, ya que “tiene que impulsar una política articulada entre distintos Ministerios” para, según lo indica la normativa, “asegurar el goce pleno de los derechos del niño”. Debe estar integrada por los Ministerios de Desarrollo Humano, Gobierno, Justicia, Seguridad, Producción, Salud, Trabajo y Educación y por las Secretarías de Derechos Humanos, Deporte y Turismo. Bianco consideró que los derechos humanos son “interdependientes” porque “si violás uno, violás el resto” y denunció que este organismo “sólo existe formalmente”.

La judicialización de la problemática

    El 22 de mayo de 2012, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1, Luis Federico Arias, dictó sentencia “condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del plazo de 6 (seis) meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva” del SPPDN, algo que finalmente no ocurrió. Los realizadores del informe le pidieron al juez Arias, a través de un incidente de ejecución de sentencia, que se ejecute la parte firme del fallo, es decir, que se ponga en marcha aquella normativa.

    Por otra parte, el martes 10 de septiembre de este año más de 50 organizaciones que conforman redes de hogares presentaron en la Justicia provincial –con el patrocinio de Bianco– una demanda contenciosa administrativa para que el Ejecutivo cumpla con el pago de becas a organizaciones que trabajan con la problemática de la niñez y remueva los obstáculos que les impiden a los niños, niñas y adolescentes acceder a sus derechos.

    Sobre esta estrategia de llevar a la Justicia la problemática de la niñez, Bianco subrayó que “judicializamos cuando el Estado no cumple con una política pública para las personas con mayor nivel de vulnerabilidad y cuando hay chicos de por medio; ahí el Estado está obligado y no puede decir jamás que no tiene fondos, porque si tiene un recurso lo debe usar para eso”.

Otras conclusiones

    Además de cuestionar duramente la tarea del Ejecutivo Provincial en materia de niñez, el informe también formuló críticas hacia la problemática habitacional de la ciudad, la distribución discrecional de la mercadería en los barrios a través de los punteros políticos, las funciones represivas desempeñadas por las fuerzas de seguridad y el deficiente servicio público de salud y educación.



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