Por infracción de la Junta Electoral, la Justicia frenó las elecciones en UTPBA

Entrevista con Rubén Schofrin, delegado de Perfil y candidato a secretario gremial por la Lista Multicolor en las elecciones de UTPBA

   Un fallo de la jueza María Alejandra D’Agnillo, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, suspendió las elecciones en UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), que iban a realizarse el 26 y 27 de septiembre. El motivo fue el incumplimiento de la Ley de Asociaciones Sindicales (N° 23.551) por parte de la Junta Electoral, que no puso a disposición de los afiliados un padrón confeccionado por orden alfabético y por establecimiento de las personas habilitadas para votar.

   Rubén Schofrin, delegado del diario Perfil y candidato a secretario gremial por la Lista Multicolor (Frente Unidad Para Luchar), dijo en Comunidad al Palo! que la violación de la ley “obedece a un factor más profundo”. “En las elecciones anteriores –2007 y 2010– detectamos que la UTPBA se vale de un padrón trucho para ganar, compuesto por personas que no son trabajadores de prensa”, dijo, y aseguró que sin esa infracción la Lista Celeste y Blanca perdería la conducción del sindicato.

   La jueza D’Agnillo determinó que hasta que UTPBA no entregue el padrón a los delegados de la oposición o al Ministerio de Trabajo no empezará a correr el plazo de 30 días hábiles que deben transcurrir desde la presentación de esa lista hasta la realización del acto eleccionario.

   Schofrin vinculó la maniobra ilegal de la Junta Electoral con el debate sobre la conducción de los sindicatos a nivel nacional y denunció que “se buscan mecanismos de perpetuación de una burocracia”. “Esta gente se muere en sus sillones; no hay renovación de ningún tipo. Es más fácil ser Presidente de la Nación que secretario general de un gremio”, expresó, al tiempo que calificó a los dirigentes de la Celeste y Blanca como “un grupo enajenado que ha perdido el rumbo”.

   La elección de este año se realizará en un marco histórico: luego de 37 años, los trabajadores de prensa lograron que se produjera la paritaria de diarios, revistas, punto com y agencias de noticias nacionales e internacionales. Para fortalecer esa lucha, la Multicolor –integrada por varios colectivos de periodistas y por delegados de base independientes– se propone como objetivos centrales lograr la democratización del gremio y la articulación con los trabajadores de la prensa radial y televisiva y los medios populares y comunitarios.

   El delegado manifestó por último que el fallo de la Justicia “ha puesto orden en esta casa” y que la Multicolor no permitirá “este fraude escandaloso”. “Acá está la verdadera conducción del gremio. Queremos un sindicato de puertas abiertas, que ponga al gremio de prensa de pie y que no viva arrodillado”, finalizó.

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Una deuda de Provincia pone en riesgo a la Obra del Padre Cajade

   Entrevista con Daniel Cajade, presidente de la Obra del Padre Carlos Cajade 

   Integrantes de la Obra del Padre Cajade reclaman que el Gobierno provincial mantiene con la institución una deuda mayor a $ 700.000 en concepto de becas para los chicos que viven en el Hogar y concurren a los centros de día. La situación afecta a casi 300 chicos de la región.

   “Tenemos más de 40 pibes en el Hogar y Provincia dice que sólo van a pagar las becas a aquellos que cuenten con una medida de abrigo de un juez”, dijo Daniel Cajade, presidente de la Obra y sobrino del Padre Carlos Cajade, su fundador. La medida de abrigo –contemplada en el artículo 35 bis de la ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños– es la autorización judicial que permite que una organización de niñez pueda contener a los chicos que asisten a hogares y centros de día.

   Cajade fue recibido el martes 13 de agosto por el Subsecretario de Niñez, Sebastián Gastelu, pero no se llegó a un acuerdo ya que la Provincia mantiene su posición de no reconocer las becas de los chicos que no cuentan con resolución de guarda judicial. Hasta el momento, según explicó el presidente, la Obra pudo financiarse con su plan de socios, el subsidio puntual de algún legislador o la donación de artistas o deportistas.

   Respecto de la ley 13.298, Cajade celebró el cambio de paradigma que instala al señalar que “cambia la represión de los chicos por la contención” y que “abarca tanto al Estado como a trabajadores como nosotros”, aunque afirmó que está “totalmente desfinanciada” y criticó que las autoridades provinciales competentes “están utilizando los tecnicismos para pagar menos becas que las de los chicos que tenemos”.

   La Obra del Padre Cajade trabaja en dos proyectos sociales: el Hogar Convivencial, que funciona en 643 entre 12 y 13 y que “es la alternativa que le buscó mi tío a los pabellones y cárceles para chicos. Él decía que los pibes tenían que crecer con amor, cariño y contención y no con represión”;  por otra parte están las casas de día, “donde los chicos van a desayunar, almorzar y merendar, tienen apoyo escolar, talleres y hasta consultorio odontológico”.

   Por último, Cajade advirtió que obras pequeñas que realizan proyectos sociales similares se encuentran en idéntica situación e “incluso muchas han tenido que cerrar”. “Estamos presentando amparos en conjunto en el juzgado Contencioso Administrativo para sacar adelante el verdadero funcionamiento de la ley”, concluyó.

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“Nuestro sistema penitenciario es totalmente retrógrado”

   Entrevista con Brunella De Luca, integrante del colectivo de educación popular en cárceles Atrapamuros

   El colectivo de educación popular en cárceles Atrapamuros realizó el taller “Estirando la gomera”, actividad previa al 5° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, con el objetivo de discutir las distintas concepciones que circulan sobre la institución penitenciaria. El evento se llevó a cabo el 21 de agosto en la sede del bosque de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

   “La cárcel no puede ser concebida como un depósito porque ahí transcurre la vida de muchas personas”, dijo a Comunidad al Palo! Brunella De Luca, integrante de Atrapamuros, al tiempo que remarcó que el colectivo piensa a la cárcel “de una manera dinámica” ya que “no se puede aislar de la sociedad al sujeto que la puebla sin pensar de dónde viene y adónde irá después”.

   Atrapamuros está formado por un grupo de jóvenes que dictan talleres de educación popular y de apoyo universitario en las unidades penitenciarias de La Plata. De Luca explicó que la educación popular “no es una metodología sino una perspectiva política”. “No pensamos que educar sea sólo leer un libro; la actividad intelectual tiene que estar en diálogo con la práctica. Las personas todo el tiempo transforman el mundo y a sí mismas y no podemos dejar de lado esas experiencias”, expresó.

   También se refirió a las características del sistema carcelario actual, al que calificó como “retrógrado”, y aseveró que las políticas penitenciarias son “precarias” porque están basadas en una “concepción punitiva” y “sólo generan más marginalidad”. “La cárcel está para castigar –afirmó–. No se piensa en devolver a las personas todo lo que les fue sacado durante su paso por la sociedad”. A su vez, subrayó que “quienes pueblan las cárceles son los sectores más pobres, que nunca tuvieron acceso a los derechos básicos”.

   El 5° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, cuyo objetivo central fue debatir acerca de un proyecto alternativo de educación, se llevó a cabo desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de agosto en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales y en el edificio del Rectorado de la UNLP. Entre otras actividades, hubo paneles de discusión, presentación de libros, muestras fotográficas, proyecciones audiovisuales y eventos culturales.

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“No pueden responder nuestros reclamos con violencia y patotas”

Entrevista con María Escuti, integrante de la Asamblea Vecinal Parque Castelli

   Lucas Iberlucía, integrante de la Asamblea Vecina Parque Castelli y candidato a consejero escolar suplente por el frente de izquierda Podemos en las últimas elecciones primarias, fue agredido por dos personas vinculadas al bruerismo a metros de la escuela 42, ubicada en diagonal 74 y 22. El hecho sucedió el 11 de agosto, día en que se realizaron las PASO, en las que el joven se desempeñó como fiscal de mesa.

   “No es el primer episodio que sufrimos. A uno de los vecinos le incendiaron la camioneta inundada y nos han tapado murales en reiteradas oportunidades”, dijo María Escuti, integrante de la Asamblea, aunque agregó que la agresión a Iberlucía “significa un quiebre” porque hasta el momento “nunca se había ejercido violencia física”.

   Escuti afirmó que los ataques del “aparato clientelar” responden a un “modus operandi” que tiene el Municipio y mencionó a quien sería uno de los punteros del bruerismo en el barrio, quien “se opuso a la organización de las asambleas vecinales desde el primer momento”. A su vez, denunció el accionar de una “verdadera fuerza de choque” que incluye “patrullas de Control Urbano y autos sin patente” y que el diputado Gabriel Bruera –hermano del Intendente– define como su “fuerza de apoyo”.

   En declaraciones al diario Diagonales, Iberlucía, que también es docente y militante del MST –Movimiento Socialista de los Trabajadores–, contó que los agresores lo amenazaron para que "deje de joder con las asambleas" y aseguró haberlos visto como fiscales en la mesa del bruerismo en la propia escuela 42. El dirigente radicó la denuncia en la Comisaría Quinta, ubicada en diagonal 74 entre 23 y 24. Sobre este punto, Escuti expresó su preocupación al referirse a "una especie de zona liberada" y a una presunta "complicidad".

   El reclamo de las asambleas vecinales gira en torno a tres ejes: justicia para las víctimas –mediante el esclarecimiento del número de muertos–, obras hidráulicas y subsidios para los afectados. A más de cuatro meses del temporal del 2 de abril los pedidos continúan sin respuestas concretas de parte del oficialismo. "En los lugares donde han ocurrido inundaciones como ésta hubo algún tipo de resarcimiento para los damnificados; acá, muchos vecinos no han recibido ni siquiera un colchón", expresó Escuti, al tiempo que enfatizó que "a nuestros reclamos no se puede responder con violencia y patotas".

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“La gestión municipal tiene poco que decir y todo por hacer”

Entrevista con José Rusconi, delegado de la Asamblea Vecinal Barrio Norte*

   A poco de cumplirse tres meses del temporal del 2 de abril, representantes de diferentes asambleas barriales de la ciudad de La Plata mantuvieron una reunión con el intendente Pablo Bruera y su equipo de funcionarios técnicos. En el encuentro, que se llevó a cabo el jueves 27 de junio en el Pasaje Dardo Rocha, el Intendente firmó un petitorio presentado por los vecinos en el que se exigía la ejecución de obras hidráulicas, la exención impositiva para los damnificados, el otorgamiento de subsidios, el esclarecimiento del número de víctimas fatales y la derogación del Código de Ordenamiento Urbano, entre otros reclamos.

   En diálogo telefónico con Comunidad al Palo! José Rusconi, delegado de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, opinó sobre la respuesta oficial y, aunque reconoció que Bruera se mostró “dispuesto a hacer cosas”, dijo que hay “palabras que ya escuchamos y excusas que ya nos dieron”. “Lo que queremos es discutir concretamente cuáles son los problemas del barrio. Tenemos propuestas, entonces queremos respuestas concretas”, planteó. 

   La Asamblea Vecinal Barrio Norte surgió a raíz de la inundación registrada el 27 de enero de 2002. En junio de 2008, tras una nueva inundación producida el 28 de febrero, sus representantes tuvieron una entrevista con Bruera, que había asumido su cargo como intendente en diciembre de 2007. Rusconi relató que en aquel encuentro el funcionario les entregó el llamado Informe Romanazzi, elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que certificaba la situación de vulnerabilidad de la ciudad ante estos fenómenos climáticos y contenía información sobre las obras que debían realizarse. “No había nada más para hablar, estaba todo sobre la mesa; pero no se hizo nada”, señaló.

   El delegado expresó también que la gestión municipal “tiene muy poco que decir porque tiene todo por hacer” y se mostró muy crítico respecto del discurso oficial. “Tienen que callarse la boca y agarrar la pala y el pico con mucha vergüenza” porque “más allá de la destrucción material y afectiva acá han muerto vecinos, y de eso no se vuelve”, sostuvo. En ese sentido, calificó de “obscenos” los “diarios a todo color, los afiches en el centro de la ciudad y los programas de televisión” que anuncian la realización de obras porque “no nos quedamos con palabras”.

   En la misma línea se mostró al ser consultado sobre la media sanción que el pasado 26 de junio le dio la Cámara de Diputados de la Provincia al proyecto de endeudamiento para financiar obras hídricas en La Plata: “No queremos pincharle el globo a nadie pero, para convencernos, nos tienen que mostrar cuestiones reales”.

   En otro orden de cosas, Rusconi consideró “muy interesante” la organización asamblearia que surgió luego del  temporal. A su vez, subrayó la importancia de que las asambleas sean “ámbitos democráticos que mantengan su autonomía” y remarcó que “si podemos ir para adelante respetando las diferencias, el movimiento tiene un gran futuro”. “Tenemos que actuar con absoluta responsabilidad y pensar con la cabeza del vecino pero no decirle qué tiene que hacer; si somos conscientes de eso, vamos a estar más cerca de tener soluciones”, finalizó. 

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(*) FE DE ERRATAS: En una primera publicación de esta nota se mencionaba al entrevistado -además de como delegado de la Asamblea Vecinal Barrio Norte- como coordinador de las Asambleas de La Plata. Esto no corresponde con la forma en que el propio José Rusconi se presentó ante la producción de Comunidad al Palo! y se debió exclusivamente a un error de interpretación de quienes realizamos esta publicación.

Trabajadores rurales de San Vicente denuncian intentos de desalojo

Entrevista con Alejo Montoya, integrante de la Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR) de San Vicente

   Integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR) de San Vicente denunciaron, a través de un comunicado emitido el 25 de junio, que un grupo de personas intentaron desalojarlos del predio donde impulsan desde 2005 un proyecto cooperativo y autosustentado de producción de alimentos sanos, trabajo de la tierra y crianza de animales, entre otras actividades.

   Alejo Montoya, miembro de la CTR, explicó en Comunidad al Palo! que la situación es “candente”, aunque no es puntual de su organización sino “estructural” en el partido de San Vicente y en otras zonas del Gran Buenos Aires, donde los terrenos “no tienen dueños que tengan título de propiedad con trámite completo”. “Esto permite que quienes tienen cierto poder armen determinadas estrategias y cuentos para apropiarse de la tierra, lotear y vender”, señaló.

   Según consigna el comunicado de la CTR, las personas que se acercaron al Campo Juan Nahuelcura no demostraron legalmente ser propietarias del predio. Sobre la posibilidad de que la disputa llegue al terreno judicial, Montoya sostuvo que en el barrio han circulado boletos de compraventa y títulos de propiedad falsos, por lo que “si hay una acción legal, va a estar basada en papeles inventados”. De todas formas, remarcó que “se han encontrado con una organización con mucha fortaleza y con gente formada en el tema que les hace frente”.

   Asimismo, se refirió a la metodología que se utiliza para intentar desalojar a quienes realizan emprendimientos productivos en la zona: “Las personas que usan traje y corbata, las que están detrás de todo esto, no aparecen nunca sino que mandan gente –aseguró–. Es la misma dinámica de siempre: enfrentar a pobres contra pobres”.

   Además del Campo Juan Nahuelcura, las 60 familias que componen la CTR –que a su vez integra el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional– desarrollan sus actividades en otra área productiva: la Comuna Rural Darío Santillán, en Alejandro Korn. El proyecto no sólo genera puestos de trabajo a partir del cultivo de la tierra y la producción de animales, sino que tiene también atención médica gratuita y espacios culturales y de educación popular para niños y adultos.

   “Queremos que la gente conozca lo que estamos defendiendo y vea que no es simplemente un capricho”, subrayó Montoya, al tiempo que destacó que “acá hay un proyecto que implica vivienda y trabajo digno”.

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“Es fundamental que los culpables terminen entre rejas”

Entrevista con Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once

   El jueves 13 de junio se produjo otro choque de trenes en la Línea Sarmiento. Una formación que se dirigía a Moreno embistió a otra que estaba detenida en Castelar y dejó como saldo tres muertos y más de 300 heridos. El siniestro tuvo lugar a poco más de un año de la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 52 personas.

   Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once, afirmó en Comunidad al Palo! que es “necesario” que el Estado nacional “tome las riendas después de una catástrofe tan previsible como la que destrozó nuestras vidas” y que lo haga “de una manera seria”. Asimismo, señaló que aún “no ha roto los vínculos que lo unen con los Cirigliano a pesar de que son los responsables de la Tragedia” y que las decisiones tomadas desde febrero de 2012 implican “un cambio de apellidos y no de política”.

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la Tragedia de Once. Fuente: Clarín

   En mayo de 2012, a raíz de lo ocurrido en Once, el Gobierno le quitó a TBA –Trenes de Buenos Aires, cuyos dueños son los hermanos Claudio y Mario Cirigliano– la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento para otorgársela a UGOMS (Unidad de Gestión Operativa de Mitre y Sarmiento), creada ese mismo mes e integrada por el Estado y las empresas Metrovías (propiedad de Aldo Roggio) y Ferrovías (de Gabriel Romero). Sin embargo, pese a las advertencias de los familiares de las víctimas de la Tragedia, la locomotora que protagonizó el choque de Castelar, el Chapa 1, fue reparada en los talleres de la empresa Emfer (Emprendimientos Ferroviarios), que pertenece precisamente al grupo Cirigliano.  

   Menghini se refirió también a la responsabilidad de clase política en general y remarcó que, si bien representantes de diferentes fuerzas se acercaron a los familiares de las víctimas “sin banderas partidarias”, “no dieron una batalla legislativa acorde a la coyuntura”. “Creemos importante que desde el Estado argentino se trace una política que pueda recuperar todo el entramado ferroviario que destruyó la privatización de los ’90”, sostuvo, al tiempo que aseguró que “todas las fuerzas políticas deberían trabajar y a veces se quedan en discusiones mucho más chiquitas que la muerte de 55 inocentes”.

   Consultado sobre el diálogo entre los familiares de las víctimas de ambas tragedias, contó que “nos acercamos como podemos” porque “la situación de trauma posterior es tremenda”. “Hay que saber entender los tiempos y esperar a que esta relación vaya creciendo”, expresó.

La Comisión Bicameral

   En junio de 2012, los familiares de las víctimas de la tragedia de Once presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral que realice un control y seguimiento de las inversiones en materia ferroviaria y regule el funcionamiento de las líneas Mitre y Sarmiento. Sin embargo, Menghini contó que la Comisión de Peticiones Especiales que preside el diputado Carlos Kunkel, del Frente Para la Victoria, “decidió cajonearlo”.

   La respuesta oficial fue crear en abril de este año la Comisión de Coordinación de Políticas Integrales del Sistema Ferroviario, que depende del Ministerio del Interior y Transporte y tiene como objetivo “garantizar la calidad del servicio y la planificación y el desarrollo de inversiones públicas y privadas”, según consigna la web de la cartera presidida por Florencio Randazzo. El organismo está integrado por el propio Randazzo, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, el secretario de Política Económica Axel Kicillof y el secretario de Transporte Alejandro Ramos, entre otros funcionarios.

  

   Menghini calificó a la medida como un “autocontrol ridículo” porque es “absurdo que ellos mismos controlen su accionar” y pidió una vez más por una Comisión “multipartidaria” formada por “técnicos de distintas extracciones” y con importante presencia de los trabajadores, “que son los que sufren cuando las cosas salen mal”.  

“Los corruptos, a la cárcel”

   Para finalizar, Menghini manifestó que es “fundamental para el crecimiento de un país que los culpables de muertes inocentes terminen entre rejas”. En ese sentido, a la espera de que el Tribunal Oral Federal N° 2 disponga una fecha para el inicio del juicio oral a Claudio Cirigliano, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otros 21 empresarios, consideró que “las responsabilidades empresariales y políticas están absolutamente probadas en base a las pericias”.

   “El primer paso para cambiar la política de transporte es entender que quien las hace las paga”, dijo, y concluyó: “Los corruptos a la cárcel, sin ningún tipo de miramientos”. 

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Permacultores construyen casas para los damnificados por el temporal

Entrevista a Neri Lauria, integrante del grupo de permacultores autoconvocados que realizaron la Primera jornada de construcción natural en Villa Elvira

   Un grupo de permacultores autoconvocados realizó el viernes 24 y sábado 25 de mayo la Primera jornada de construcción natural en el barrio ubicado en 637 esquina 5 –Villa Elvira–, para ayudar a los afectados por el temporal que sufrió la ciudad el pasado 2 de abril.

   “Empezamos a trabajar cuando vimos las ganas que tenían los vecinos de acomodar su casa”, dijo en diálogo telefónico con Comunidad al Palo! Neri Lauria, integrante del proyecto, quien calificó lo sucedido como una “catástrofe” y señaló que “la única forma de ayudar que encontramos fue a través de la permacultura”. Desarrollado en la década del ’70 por ecologistas australianos, este sistema permite, entre otras cosas, la construcción de viviendas con recursos naturales disponibles en el lugar.

   El entrevistado comentó que el proyecto surgió “de casualidad”, mientras colaboraban con el Centro Universitario de Tandil (CUT) repartiendo alimentos en los barrios más afectados. “Nos dimos cuenta de que había gente necesitada desde mucho antes de la inundación –señaló–; hay casas que ni siquiera tienen baño, entonces arrancamos de un problema mucho más profundo”.

    Por otra parte, reconoció que antes de iniciar la actividad solidaria no tenía dimensión de las necesidades y carencias de las zonas alejadas del casco urbano: "A veces es cuestión de ir abriendo los ojos, o que te los abran ‘de prepo’, como nos pasó a nosotros que, ayudando, nos encontramos con todo esto”. Además, destacó que “algunos dejamos nuestros laburos y nos avocamos a ayudar durante días porque era necesario”.

   En esta primera jornada, los autoconvocados desmalezaron el terreno para comenzar a trabajar en las casas de los damnificados. Según anunció Lauria, los próximos objetivos del proyecto son construir baños y juntar firmas “para que se drenen los canales y que el barrio no se inunde con una mínima lluvia”. Por último, invitó a sumarse a todos aquellos que quieran participar y remarcó que la solidaridad es “un trabajo en conjunto” y que “todas las manos son útiles”.

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