Integrantes de la ONG Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC) fueron amenazados el jueves 24 de octubre tras haber denunciado ante la Cámara de Senadores al ministro de Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, por el maltrato que reciben los detenidos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el escrito, presentado el 17 de julio, exigían la destitución de Casal y el nombramiento de un funcionario “que tenga verdaderos valores en materia de Derechos Humanos”.
En diálogo telefónico con Comunidad al palo! Natalia Sarrautte, titular de FAVISIC, contó que se presentó en su domicilio una persona que dijo ser del Ministerio de Desarrollo Social. “Me dijo que nos dejáramos de joder con defender a los chorros del barrio porque nos iban a prender fuego la casa y que iba a parecer un cortocircuito; o si no me iban a mandar un allanamiento y me iban a plantar droga”, relató Sarrautte, que estaba esperando a un grupo de arquitectos para comenzar con las obras de un proyecto de comedores comunitarios y creyó que la presencia del hombre se debía a ese motivo.
Entre las principales críticas de FAVISIC al SPB, señaló “las torturas y los vejámenes a los que son sometidos los detenidos, el hacinamiento y las picanas eléctricas”. A su vez, dijo que los detenidos denuncian al personal de las cárceles porque los obligan a “vender droga, matar o lastimar a otros internos. Le suministran armas y los sacan a robar; ellos no lo quieren hacer y terminan lastimados, trasladados o muertos”.
En agosto de este año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual sobre la situación represiva en las cárceles del SPB. En ese documento reveló más de 7000 casos de violaciones a los derechos humanos denunciadas por el Comité contra la Tortura –que depende de la CPM–, entre las que se cuentan castigos físicos, falta de atención médica, alimentación insuficiente y abusos contra mujeres y minorías sexuales. La CPM pidió “desmilitarizar” el SPB, donde se encuentra casi el 50 % de los detenidos del país.
Para finalizar, Sarrautte se refirió a la falta de garantías que brinda el Estado ante estos casos: “Tenemos cuatro chicos y la verdad es que temimos por ellos, no por nosotros. No hay ningún programa del Estado que brinde garantía para la persona que denuncie todas estas cuestiones”. Sobre la denuncia presentada contra Casal, que actualmente está siendo tratada en la comisión de Seguridad del Senado, comentó que “por lo que sabemos, está bien encaminada”.
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