Entrevista a Carola Bianco, coordinadora del
Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de
Derecho (UNLP)
La Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNLP,
a través de su Programa de Niñez,
Derechos Humanos y Políticas Públicas, dio a conocer recientemente un
informe titulado “Los niños primero…
cuando el agua sube más de un metro y medio”, que demuestra que el incumplimiento
del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (ley
13.298) por parte de la Provincia y el Municipio “profundizó los efectos de la
inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”.
“Cuando hay niños implicados, las
dificultades de acceso a derechos elementales como salud, educación, vivienda y
trabajo genera daños irreparables”, explicó en Comunidad al Palo! Carola Bianco, una de las realizadoras del
informe, al tiempo que agregó que existe una “clara discriminación” en materia
de políticas públicas en relación con los sectores más vulnerables: “Hay una
gran cantidad de pibes en los barrios que no acceden a esos derechos y los que
están en situación de calle, mucho menos”.
Bianco comentó que el informe no cumple
sólo una función de denuncia sino que también tiene un carácter informativo
porque “el cambio tiene que venir de la exigencia”. “La mayoría de las personas
no conoce bien en qué situación están muchos pibes ni qué cosas tendrían que
hacerse; en la medida en que sepamos a quiénes recurrir, al Estado se le va a
hacer más difícil no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.
La abogada también remarcó que “siendo
parte de la Universidad somos parte del Estado, y tenemos una responsabilidad
clara con los chicos”; por eso “teníamos que construir algo que nos permitiera
denunciar de manera seria lo que veníamos viendo”.
Los organismos provinciales
El Programa
de Niñez fue muy crítico en sus conclusiones respecto del desempeño de los
organismos provinciales creados para efectivizar políticas públicas en materia
de acceso a derechos elementales en los barrios, como el caso de los Servicios
Locales. La ley 13.298 establece en sus artículos 18 y 19 que son “órganos
desconcentrados” que deben “ejecutar los programas, planes, servicios y toda
otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los
derechos del niño”.
El informe sostiene que “en los últimos 5
años se han creado ocho Servicios Locales” pero que “no cuentan con la
infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar
correctamente”. “Las organizaciones barriales tuvieron que ocupar lugares que
le correspondían al Estado; si los Servicios Locales hubiera estado presentes
hubiera habido una rápida organización para evitar tantos pibes fueran
afectados. Figuran en los expedientes, pero en esta inundación ni aparecieron”,
afirmó Bianco. Asimismo, explicó “los chicos son los primeros que sufren en las
catástrofes”, por lo que estas unidades “tienen que montar una estrategia
barrial con la salita, la escuela y la familia”.
La semana siguiente al temporal, los
integrantes del Programa de Niñez
solicitaron a los Servicios Locales informes sobre el trabajo que realizan en
los barrios, pero “hasta ahora no nos ha llegado ninguna información”.
Otro “organismo clave” es la Comisión
Interministerial, prevista en el artículo 23 del SPPDN, ya que “tiene que
impulsar una política articulada entre distintos Ministerios” para, según lo
indica la normativa, “asegurar el goce pleno de los derechos del niño”. Debe
estar integrada por los Ministerios de Desarrollo Humano, Gobierno, Justicia,
Seguridad, Producción, Salud, Trabajo y Educación y por las Secretarías de
Derechos Humanos, Deporte y Turismo. Bianco consideró que los derechos humanos
son “interdependientes” porque “si violás uno, violás el resto” y denunció que
este organismo “sólo existe formalmente”.
La judicialización de la problemática
El 22 de mayo de 2012, el juez en lo
Contencioso Administrativo N° 1, Luis Federico Arias, dictó sentencia
“condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a
que, dentro del plazo de 6 (seis) meses, procedan a realizar todas las acciones
necesarias para la implementación efectiva” del SPPDN, algo que finalmente no
ocurrió. Los realizadores del informe le pidieron al juez Arias, a través de un
incidente de ejecución de sentencia, que
se ejecute la parte firme del fallo, es decir, que se ponga en marcha aquella
normativa.
Por otra parte, el martes 10 de septiembre
de este año más de 50 organizaciones que conforman redes de hogares presentaron
en la Justicia provincial –con el patrocinio de Bianco– una demanda contenciosa administrativa para
que el Ejecutivo cumpla con el pago de becas a organizaciones que trabajan con
la problemática de la niñez y remueva los obstáculos que les impiden a los
niños, niñas y adolescentes acceder a sus derechos.
Sobre esta estrategia de llevar a la
Justicia la problemática de la niñez, Bianco subrayó que “judicializamos cuando
el Estado no cumple con una política pública para las personas con mayor nivel
de vulnerabilidad y cuando hay chicos de por medio; ahí el Estado está obligado
y no puede decir jamás que no tiene fondos, porque si tiene un recurso lo debe
usar para eso”.
Otras conclusiones
Además de cuestionar duramente la tarea del
Ejecutivo Provincial en materia de niñez, el informe también formuló críticas
hacia la problemática habitacional de la ciudad, la distribución discrecional
de la mercadería en los barrios a través de los punteros políticos, las
funciones represivas desempeñadas por las fuerzas de seguridad y el deficiente
servicio público de salud y educación.
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