
“Estamos trabajando, en primer lugar, para
dar a conocer a la sociedad qué significa una Ley de Semillas, qué significa un
derecho de obtentor y qué consecuencias tiene esto no solo sobre productores
familiares y campesinos sino sobre cualquier ciudadano o habitante de una
ciudad”, expresó en relación a la campaña Carlos Vicente, referente de la organización
GRAIN, en diálogo con Comunidad al Palo!.
La iniciativa comenzó ‘formalmente’ el 18 de
junio pasado con una charla-debate realizada en el hotel BAUEN de Capital Federal
a la que asistieron unas 200 personas, aunque los primeros pasos de esta
iniciativa –que hoy moviliza a un centenar de organizaciones sociales,
ambientales y políticas– comenzaron en agosto de 2012.
Por esos
días, quien fuera el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato
fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían
al Congreso el “borrador de una Ley de Semillas, como corresponde que tenga la
Argentina y que tenga un país serio que pretende ser líder en producción de
alimentos”.
Aquel borrador nunca fue publicado ni facilitado
a las organizaciones que lo solicitaron, que a partir de filtraciones pudieron conocerlo
y analizarlo, logrando que finalmente el texto no salga del ámbito del ministerio.
Según explicó Vicente, hace unos meses la Secretaria de Desarrollo Rural, Carla
Camps Bilbao, presentó a las organizaciones de la agricultura familiar un nuevo
anteproyecto que contiene algunas modificaciones respecto al anterior.
Las modificaciones que Monsanto
necesita
Según se observa en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretende cambiar la ley
plantea las siguientes modificaciones:
- Limita el ‘uso propio’ de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. “Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor”, explicó Vicente.
- Expande sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
- Extiende hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
- Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado este año incorpora también
otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, quienes estarían
exceptuados de la limitación del ‘uso propio’ siempre que figuren inscriptos en
un Registro Nacional de Agricultores Familiares. Tales modificaciones fueron
calificadas como un “absurdo” por Vicente, al “pretender que una excepción se
haga a partir de un registro nacional, cuando en Argentina tenemos campesinos y
pueblos originarios viviendo en todos los rincones del país”.
Para seguir de cerca las actividades o acceder a los materiales de difusión de la campaña puede visitarse la página en Facebook NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina. Las más de cien organizaciones de todo el país también reciben adhesiones al correo noalanuevaleydesemillas@gmail.com.