Escuela Nº 35 Rubén Darío (Colonia La Joya, Entre Ríos) |
La mayoría de las situaciones que se denuncian suceden cuando los campos en los que se produce soja, maíz, sorgo –entre otros cultivos– son fumigados por tierra o por aire sin previo aviso y en horario de clases; o cuando, a raíz de pedidos de las comunidades educativas, los aplicadores de agroquímicos se niegan a detener los trabajos. Dolores de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad de la vista, cansancio, angustia y náuseas son algunos de los efectos inmediatos observados en niños y adolescentes de escuelas rurales de todo el país.
Según diversas
campañas realizadas por organizaciones sociales y sindicales, se estima que cerca
de 700 mil niños en todo el país se encuentran expuestos a la aplicación de
agroquímicos en los alrededores de establecimientos educativos rurales. Algunas
de las localidades afectadas por esta problemática son Pampa del
Infierno y Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento
Uruguay (Entre Ríos) y Los Toldos y Coronel Suárez (Buenos Aires).
Barrio Fonavi en Manuel Alberti (Pilar, Buenos Aires) |
Por otra parte, Garrido señaló que la
audiencia pública también es una oportunidad para que las situaciones que se
viven en diversos establecimientos de múltiples localidades no se atomicen, ya
que cada caso requiere mucho
tiempo y esfuerzo de muchas personas para lograr pasos muy pequeños. También
reconoció la tendencia de los habitantes de ciudad a creer que el trabajo de la
tierra con agroquímicos no los afecta. En este sentido apuntó que “cuando uno
accede al alimento, en particular todo lo que tenga que ver con frutas,
verduras, semillas y demás […] está recibiendo fracciones de los residuos de
esa agroindustria" a través de lo que consume.
Producir sin
agroquímicos
La gran mayoría de
los chacareros, aplicadores y agrónomos que fumigan o mandan a fumigar los
campos tienen como primer soporte de estas prácticas la autorización de los
productos que utilizan por parte de organismos públicos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Uno de los principales
inconvenientes que se presentan es que las autoridades de los organismos con competencia a nivel nacional y provincial “basan sus estudios y sus convicciones en pruebas científicas que
uno las observa e inmediatamente se da cuenta que no tienen ningún respaldo
científico serio”, manifestó Garrido.
El productor Juan Kiehr y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá en La Aurora. Fuente: Revista Mu |
Al respecto, Garrido
expresó que está absolutamente demostrado que los campos pueden ser trabajados “con
otra técnica, con otro manejo de la tierra, gastando el 30% de lo que se gasta
en insumos”, sin perder plata y sin intoxicar a la tierra, a los alimentos y a
la gente. En ese sentido, mencionó que existen funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) que si bien “asumieron
que es posible producir de esa manera, no lo manifiestan en sus ámbitos de
trabajo y no generan documentos" sobre el tema, para que puedan avanzar otras modalidades de producción.
Orden de no fumigar en escuela
de Coronel Suárez
El miércoles 22 de
octubre, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Claudio
Alberto Brun, ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres a
una distancia inferior a los mil metros de la Escuela “Martin Fierro”, ubicada
en el Paraje “El Relincho” del distrito de Coronel Suárez. Dicho establecimiento
había sido afectado el pasado 12 de septiembre por una fumigación terrestre con
los químicos 2,4-D, Dicamba y Metzulsufuron, a menos de 200 metros y en plena
jornada escolar.
“Después de dos años
se consigue a través de un amparo que cese la fumigación en una de las 23
escuelas rurales del distrito”, expresó Garrido, y agregó que quienes están
trabajando en la temática “sabemos que la problemática es tan grande y
atraviesa tanto todos los intereses económicos que hasta eso que es tan
chiquito tenemos que celebrarlo de alguna manera, son los pequeños pasos”.
La medida
judicial se ordenó en el marco de la causa “Grynberg, Jimena Judith y
otros c/ Matatagui Manuel Alberto y otros s/ amparo” iniciada el 21 de octubre pasado por madres de alumnos que asisten a esa escuela y
una docente de Coronel Suárez, con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA).
Entrevista a Emanuel Garrido, coordinador de Medio Ambiente en Coronel Suárez.